La sombra de Alu Ibérica presiona al Gobierno en la negociación de la venta de Alcoa
La plantilla reclama a la SEPI que intervenga para que no se repita la situación de A Coruña y Avilés mientras Alcoa indica que la carta del Ministerio de Industria “se desvía” del proceso propuesto desde principio de año
La carta que esta semana el Ministerio de Industria envió a Alcoa como respuesta a su última propuesta de cara a las negociaciones para la venta de San Cibrao parece haber elevado la tensión que rodea el proceso más que templar los ánimos. La misiva, firmada por el secretario general de Industria, Raül Blanco, despierta dudas sobre el papel que la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, adoptará en lo que, a priori, parecía la recta final de un conflicto que comenzó hace ahora un año.
A pesar de que, desde principio de año, se trabajaba con la idea de que Alcoa vendería la planta de San Cibrao a la SEPI y esta, a su vez, la traspasaría al único grupo que hasta ahora ha presentado una oferta en firme, la división de aluminio del conglomerado británico GFG, la carta de Industria remitida a la multinacional americana parece cambiar las reglas de juego. En la misiva, el Ejecutivo indica que debe ser Alcoa “quien tome la iniciativa de venta, estableciendo un contacto directo con los inversores interesados, constatando su solvencia y su perfil industrial”. A la vez, indica que la SEPI “está dispuesta a estudiar y trabajar en la propuesta de venta que Alcoa alcance con el comprador elegido”.
¿Un paso atrás del Gobierno?
Esta manifestación ha sido entendida por el resto de partes como un paso atrás por parte de la sociedad estatal. Algo que llama la atención entre los sindicatos, teniendo en cuenta que tanto en el Parlamento de Galicia como en el Congreso se aprobaron iniciativas que instaban a la SEPI a intervenir la planta hasta la llegada de un inversor estable y de futuro. Es por eso que este viernes, el comité de empresa, tras una reunión con Alcoa, decidió que retomaría movilizaciones. El presidente, José Antonio Zan, insiste en que la participación de la SEPI, es “la garantía que da certeza a la operación”.
Los representantes de los trabajadores no están contentos con el giro del Ejecutivo. De hecho, miran hacia A Coruña y Avilés. En esas dos localizaciones, Alcoa vendió en 2019 sus plantas de aluminio al fondo suizo Parter en una puja que llevó a cabo la multinacional pero que contó con el aval del Gobierno, quien indicó que fiscalizaría el cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre comprador y vendedor y que pasaban por llevar a cabo una serie de inversiones en ambas plantas para garantizar su continuidad y los puestos de trabajo. No obstante, tan solo unos meses después del traspaso de ambas fábricas por un euro, Parter las revendió a Grupo Industrial Riesgo. En este momento, los dos activos de la actual Alu Ibérica están intervenidos judicialmente. La Audiencia Nacional investiga un presunto delito de despatrimonialización fraudulenta.
“Los políticos tienen que dar certidumbre y no echar más barro a algo que ya está suficientemente enfangado”, apuntó el presidente del comité de empresa. “No podemos permitir que nos pase como a los compañeros de A Coruña y Avilés”, añadió.
Alcoa: la carta «desvía el proceso»
La carta de Industria tampoco parece convencer a Alcoa que, en este caso, coincide con los trabajadores en que es necesario que se aclare el papel que jugará la sociedad pública del Gobierno. “La carta que hemos recibido del Gobierno no confirma ni aclara el papel de la SEPI en una potencial venta y se desvía del proceso que habíamos propuesto llevar a cabo desde principios de este año. En la reunión de hoy, hemos compartido los detalles de este análisis con el comité de empresa de San Cibrao”, explicaban este viernes fuentes de la compañía.
“Con esta respuesta del Gobierno, Alcoa continúa analizando las posibles opciones y tomará una decisión sobre sus próximos pasos en los próximos días” apunta. De momento, hay convocada una reunión con los sindicatos para el próximo martes, 18 de mayo.
El papel de la SEPI en Alu Ibérica
Lo cierto es que el pasado 29 de abril, Alcoa ya ofreció al Gobierno negociar directamente con los hipotéticos interesados en la factoría (se habla de más pretendientes al margen de Liberty, entre ellos inversores españoles del sector industrial), pero siempre manteniendo la fórmula con la que se trabajaba desde principio de año, es decir, que la SEPI adquiera en primer lugar la titularidad de la planta. Hay que tener en cuenta que la venta al Estado también sería una salvaguarda para la propia Alcoa, si se tiene en cuenta que acabó denunciando al fondo Parter por el incumplimiento de los acuerdos de venta en Galicia y Asturias y que la propia multinacional también fue señalada por los sindicatos en la querella interpuesta por la situación de Alu Ibérica y que acabó derivando en la investigación de la Audiencia Nacional.
Así pues, quedan muchas incógnitas todavía por resolver en cuanto a cómo se desarrollará finalmente el proceso de venta de San Cibrao y qué papel jugará la sociedad dueña de Navantia. De momento, la presión se eleva sobre el Gobierno. Un Ejecutivo al que no solo le reclaman la intervención los trabajadores de A Mariña. También y desde hace meses los empleados de Alu Ibérica, que tienen claro que la solución más inmediata para las factorías de A Coruña y Avilés es que acaben en manos de la SEPI.