La SEPI se echa a un lado en la recta final de las negociaciones por la venta de Alcoa

Alcoa ha reiterado de forma pública en los últimos tiempos que está dispuesta a vender la planta de San Cibrao. Por un euro y aportando una cantidad económica para garantizar su continuidad. También el conglomerado británico GFG mantiene su disposición de compra, una vez puesto a salvo de sus problemas de financiación su división de aluminio, Alvance. No obstante, en la última propuesta que remitió al Gobierno, el pasado 29 de abril, la multinacional americana se abría a negociar directamente con otros interesados en la factoría, pero siempre que la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, adquiriese en primer lugar su titularidad para el posterior traspaso a un tercero. Con estas cartas sobre la mesa, la última postura que ha adoptado el Ministerio de Industria que, al menos sobre el papel, rebaja su protagonismo en el proceso de venta, ha despertado las alarmas de muchos de los actores implicados en el futuro de factoría de A Mariña.

Este miércoles, la plantilla de Alcoa elevó la presión sobre el Gobierno central. De mañana, el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, explicó que, si antes del mediodía no tenían noticias de que el Gobierno hubiese dado contestación a la última propuesta de Alcoa, retomarían la huelga suspendida en enero. La respuesta llegó in extremis en forma de misiva del Ministerio de Industria al presidente de Alcoa en España, Álvaro Dorado. Ese gesto provocó que el comité de empresa informase, mediante un escueto comunicado, de que la pax social se mantendría de momento.

Ni la empresa ni la plantilla hicieron valoraciones oficiales sobre el plan del Gobierno. Según los sindicatos, la compañía se comprometió a convocar una reunión para este viernes, 14 de mayo, “en la que compartirá el resultado del análisis de dicha propuesta”. Sin embargo, distintas fuentes sindicales indicaron a este medio que la postura del ministerio de Reyes Maroto “no se ajusta” a lo planteado en los últimos meses. La preferencia de los trabajadores siempre pasó porque el Gobierno triangulara la venta con Alvance. La SEPI adquiriría la planta de aluminio primario a Alcoa e, inmediatamente, se la traspasaría a la compañía británica. Con todo, incluso cuando existían dudas acerca de la solvencia de los de Sanjeev Gupta, los trabajadores insistían en que la prioridad era que la sociedad dependiente del Ministerio de Hacienda se hiciese con la planta, para garantizar su continuidad y la entrada de un inversor estable.

Alcoa negocia y escoge

En la misiva remitida a los de Pittsburgh y firmada por el secretario general de Industria, Raül Blanco, el Gobierno indica que, ahora, debe ser Alcoa quien “tome la iniciativa de venta, estableciendo un contacto directo con los inversores interesados, constatando su solvencia y su perfil industrial”. Expone también que la compañía “debe acometer el proceso de venta facilitando toda la información necesaria a los potenciales compradores para que puedan emitir ofertas vinculantes viables que garanticen la actividad de la planta y el mantenimiento del empleo”.

Es decir, el Ejecutivo deja meridianamente claro que existen varios interesados, al margen de Liberty en la planta de San Cibrao, pero, a la vez, también indica que debe ser la multinacional la que lidere la negociación de venta, asegurando que el escogido tenga un “perfil industrial” y, alejando, de esta forma, la posible entrada de fondos o inversores sin conocimiento del sector (ni Alcoa ni el Ejecutivo pueden permitirse que la venta de San Cibrao se cierre en falso, como ocurrió con las plantas de A Coruña y Avilés, en las que ahora la Audiencia Nacional investiga una posible descapitalización fraudulenta).

El Gobierno nunca ha revelado el nombre de los posibles nuevos interesados en el activo lucense, si bien recientemente la titular de Industria, Reyes Maroto, aseguró que entre los pretendientes habría “inversores españoles”. Desde el sector se mira a grandes del aluminio en España, clientes de la propia Alcoa, como puede ser el caso de Alibérico o Aludium.

¿Cambio de papel de la SEPI?

En la misma carta, Industria también indica que la SEPI, como instrumento del Gobierno, “está dispuesta a estudiar y trabajar en la propuesta de venta que Alcoa alcance con el comprador elegido”. Así, Industria semeja dejar también en manos de la compañía la elección del futuro dueño de la factoría. Eso sí, advierte de que “no puede aceptar la propuesta de indemnidad de Alcoa, ya que excede el marco normativo que le es aplicable, pero quiere manifestar su disposición a colaborar en la creación de condiciones que faciliten un futuro industrial para la planta de San Cibrao y su empleo asociado”.

Para muchas de las voces consultadas por este medio, esta manifestación evidencia un cambio de paso del Ejecutivo, ya que la participación de la SEPI en el proceso no queda garantizada en el actual escenario planteado. Además, existe otro elemento que podría tensionar la negociación con Alcoa.

El blindaje de Alcoa

En su última comunicación al Gobierno, Alcoa accedió a rebajar sus exigencias sobre la cláusula de indemnidad que pretendía, para evitar reclamaciones o demandas futuras una vez traspasase el activo a la SEPI. “Alcoa ha planteado que está dispuesta a aceptar una nueva redacción de la cláusula de limitación de responsabilidades, volviendo a la propuesta de septiembre de 2020 que no fue rechazada por el Gobierno”, apuntaron entonces los de Roy Harvey.

Sin embargo, la nueva respuesta de Industria es contundente a la hora de rechazar cualquier tipo de blindaje. Habrá que esperar, en todo caso, a la valoración que los americanos harán el próximo viernes.

“Que no sea un paso atrás”

Mientras tanto, el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, pidió este miércoles al Gobierno que no dé “pasos atrás”.

“Esperamos que esto no sea un paso atrás, queremos que se trasladen certezas y garantías concretas de que realmente se va a liderar este proceso de venta. Esperamos que se consiga un entendimiento claro entre Alcoa e Industria para establecer las bases de este proceso. Los trabajadores necesitan certezas. No hay tiempo para pasos atrás”, insistió.