La Sareb reclama 1.400 millones en deudas a Martinsa
El banco heredero de los activos tóxicos de las cajas de ahorros es el mayor acreedor concursal de la inmobiliaria, que debe a las administraciones otros 65 millones de euros
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) es el mayor acreedor concursal de Martinsa.
La compañía de Fernando Martín, exponente del pelotazo inmobiliario, debe al organismo público 1.400 millones. Se trata del 21% del total pendiente de reembolsar, que sube a 6.500 millones: el mayor proceso de quiebra de la historia financiera española.
Martinsa terminó con sus abultados libros en el juzgado hace cinco años. Un lustro después, se ha conseguido calcular el volumen exacto de las reclamaciones. En el caso de la Sareb, conocido como banco malo, las deudas proceden de diversas operaciones que las cajas nacionalizadas firmaron con Martín.
Detalle de los préstamos
En concreto, 214 millones en hipotecas; 805 millones en préstamos comerciales; 281 millones más en créditos participativos; y, finalmente, 64 millones en emisiones de deuda subordinada. Los diversos contratos devengan 40 millones en intereses, que la Sareb ha justificado en el juzgado.
Los importes pendientes de Martinsa con instituciones del Estado no dejan de sumar en el banco malo.
Según la información a la que ha tenido acceso Economía Digital, las administraciones públicas, principalmente la Agencia Tributaria, esperan cobrar 65 millones de euros, de los que 3,6 son intereses por demoras. Martinsa logró materializar créditos fiscales con Hacienda de 15 millones.
Quitas del 80%
La administración concursal reconoce, pues, que el Estado sostiene una exposición de algo más de 1.465 millones a la mayor quiebra de la historia. La posibilidad de cobrar es remota. Los activos que respaldaban la mayor parte de los créditos se han depreciado un 80% tras poner al día su valor con los actuales precios de mercado.
Los asesores del concurso, Allen & Overy y Deloitte, han apretado el acelerador en los últimos dos meses para negociar quitas de ese orden de magnitudes. El objetivo es lograr que los 6.500 millones totales de quebranto se queden en 1.300.
