La Sareb hace caja en Galicia: recauda más de 65 millones con la venta de inmuebles 

La firma intensificó la venta de activos y se desprendió de 846 viviendas, 157 naves y oficinas y 145 parcelas en Galicia a lo largo de un 2022 marcado por su nacionalización

Javier Torres, presidente de la Sareb, junto a su homóloga en el FROB, Pula Conthe / APIE

Javier Torres, presidente de la Sareb, junto a su homóloga en el FROB, Pula Conthe / APIE

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La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) continúa deshaciéndose de lastre. La firma que preside Javier Torres selló la venta de un total de 18.671 activos en un 2022 marcado por su nacionalización. Así se desprende de su memoria anual, en la que la compañía revela que la mayor parte de estas desinversiones (13.019) se correspondieron a viviendas, frente a los 3.071 inmuebles terciarios y las 2.581 parcelas.

Galicia ocupó un papel destacado en una nueva ola de venta de activos que se ha acelerado respecto a las 18.272 que se habían efectuado en 2021. Y es que, según recoge la entidad en su memoria anual, de los 18.671 comercializados el año pasado, un 6,1% (1.147) están ubicados en la comunidad gallega.

En concreto, la Sareb se desprendió de 846 viviendas, 157 inmuebles terciarios (naves y oficinas) y 145 parcelas. Mediante estos movimientos, la entidad se embolsó un total de 65,8 millones de euros, una cantidad inferior respecto a los 77 millones que había obtenido en la comunidad a lo largo del año anterior.

La mayor parte de estos ingresos por ventas se correspondieron al área residencial, que aportó 44,6 millones de euros, frente a los 14,3 millones de euros logrados con el suelo y los siete millones de los inmuebles para uso terciario. Galicia aportó así el 5,2% los 1.251 millones de euros que la Sareb obtuvo por la vía de las ventas a lo largo de 2022.

Acelerón de ventas

De esta forma, la entidad ha pisado el acelerador en materia de ventas. Este factor ha impulsado su cifra de negocio desde los 1.375 millones de euros cosechados en 2021 hasta los 1.642 millones de 2022 (2.361 millones si se considera la totalidad de los cobros y devengos), un empujón que, sin embargo no ha sido suficiente para sacar a la entidad de números rojos.

La Sareb despidió el ejercicio con unas pérdidas por valor de 1.506 millones de euros, lo que supone un recorte del 7,2% respecto a los 1.625 millones de euros registrados en 2021. Además, desde la firma que preside Javier Torres destacaron durante la presentación de resultados que la deuda con aval del Estado se ha reducido en 20.301 millones de euros, el 40% del total en la última década. Su deuda viva al cierre de 2022 era de 30.481 millones de euros.

A la hora de explicar los números rojos, la Sareb destacaba que estos se debían a “la diferencia entre la contabilización inicial de los activos en el momento de conformarse la sociedad y el precio final de venta”. Pese a ello, “las pérdidas no impactan en la viabilidad de la compañía, dado que desde 2020 Sareb está exenta de la obligación de contar con recursos propios positivos para operar con normalidad», por su “traspaso” como entidad 100% pública a través del Autoridad de Resolución Ejecutiva (FROB), y que su deuda se contabilice en el déficit público.

En este sentido, desde la Sareb ponían en valor la amortización de 3.184 millones de deuda avalada por el Estado durante el año pasado, lo que supone la mayor cantidad de su historia. Según su presidente, “desde la toma de control del Estado de la compañía a través del FROB hemos avanzado en el mandato de desinversión y de repago de la deuda junto con el nuevo reto de incorporar a la gestión el principio de sostenibilidad y utilidad social”.

La Sareb aceleró con las desinversiones en 2022 y se espera que mantenga el ritmo en un 2023 que inauguró con la venta de viviendas a la Comunidad Valenciana, Murcia y Galicia. En el caso de la comunidad gallega, la empresa pública cerró un acuerdo con la Xunta para el traspaso de 40 viviendas con el objetivo de destinarlas a alquiler social. Los inmuebles están repartidos en 16 concellos y el importe de la operación ascendió a los 3,5 millones de euros. 

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