La sanidad privada pide un dictamen jurídico para demandar al Gobierno
La patronal de la sanidad privada advierte que ya se están produciendo quiebras en el sector y vuelve a pedir ayudas a Xunta y Gobierno
La sanidad privada pasa a la ofensiva ante la delicada situación que atraviesan los centros y el silencio del Gobierno central y de la Xunta tres meses después de que les solicitaran ayuda. La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), la patronal del sector, ha solicitado un dictamen jurídico sobre responsabilidad patrimonial del Estado por la atención de pacientes y la disposición de recursos asistenciales durante lo peor de la pandemia, en marzo y abril.
Los hospitales privados estaban obligados a mantener el personal y los recursos disponibles por si fueran necesarios para atender a pacientes de coronavirus. Dicha disponibilidad implicaba también la desprogramación de la actividad habitual de los centros, –en el caso de Galicia en base a la instrucción 6/2020 del Sergas–, lo que derivó en una caída brutal de los ingresos.
Desplome de la actividad y mayor gasto
Según un estudio realizado por Aspe, en Galicia las intervenciones quirúrgicas descendieron un 82%; las pruebas diagnósticas, un 77%; y las urgencias, un 75%. Las consultas bajaron un 68%; los ingresos hospitalarios, un 65%; y los ingresos UCI, un 62%%.
“Los hospitales gallegos participantes en el estudio han llevado a cabo inversiones relacionadas con el Covid-19 por un valor superior a los 435.000 euros y han cancelado o retrasado inversiones por un valor estimado de 6,5 millones euros”, relatan en un comunicado conjunto Aspe y Ahosgal, la asociación de hospitales privados de Galicia.
El importe destinado a la compra de material sanitario en estos hospitales se incrementó un 39% respecto al importe gastado a lo largo de todo el año 2019. El caso más extremo es el de las mascarillas quirúrgicas, cuyo precio aumentó un 1.476% con respecto al precio existente en diciembre de 2019.
Comienzan las quiebras
Ante esta situación y con una derivación discreta de casos de coronavirus, pues atendieron al 9% de los pacientes hospitalizados y el 7% de los ingresados en UCI en territorio gallego, tanto Ahosgal como Aspe piden a la Xunta compensaciones para paliar el impacto en sus cuentas. No es nada nuevo, pues la patronal ya había escrito al conselleiro de Sanidade para alertarle de la situación. La respuesta del departamento que dirige Jesús Vázquez Almuíña fue que los apoyarían si le hacían la misma demanda al Ejecutivo central. “Ahosgal lamenta que la Xunta y el Gobierno central deriven la responsabilidad de unos a otros sin atender las demandas planteadas al conselleiro de Sanidade en diversas ocasiones”, dice la patronal gallega.
Los centros privados describen una situación límite y advierten que el sector está en “riesgo de quiebra”. “Este riesgo se ha agudizado durante el recién finalizado estado de alarma y se manifiesta hoy en la suspensión de pagos y cierres de pequeños centros sanitarios, incapaces de asumir gastos corrientes”, insisten.
¿Qué pide la sanidad privada?
Aspe trasladó al ministro Salvador Illa una serie de medidas de liquidez y fiscales: compensaciones por la atención de pacientes derivados de la pública y por la puesta a disposición de recursos asistenciales bajo el mando único sanitario y las consejerías de sanidad de los gobiernos autonómicos; y un IVA superreducido sobre compras de equipo y suministros sanitarios, con efectos de esta regulación desde el momento de decretarse el estado de alarma.
