La sanidad privada encarga a KPMG el informe para reclamar compensaciones a la Xunta

Los hospitales privados de Galicia han encargado a KPMG un informe sobre la pérdida de ingresos sufrida debido a la falta de actividad durante la pandemia. Los centros desprogramaron intervenciones no urgentes para liberar recursos en caso de que fuera necesario atender a los pacientes de Covid-19, tal y como dictaminó la instrucción 6/2020 del Sergas.

A pesar de los menores ingresos al reducirse su actividad habitual, hubieron de mantener los cuadros de personal para no mermar el servicio en plena ola del coronavirus, de manera que el sistema sanitario dispusiese de ese refuerzo en plena escalada de la presión asistencial.

Si los ingresos se reducen drásticamente, pero los gastos no, la cuenta tiene todas las papeletas para salir mal. De hecho, a finales de mayo del año pasado, la patronal gallega Ahosgal ya estimaba en unos 40 millones el impacto provocado por el coronavirus en sus 13 centros asociados –Povisa, H&M, Quirón, Vithas…-, que suman una plantilla de casi 4.900 profesionales.

Portazos en la Xunta

Precisamente, la labor de KPMG será perimetrar ese quebranto después de que los centros llamaran en varias ocasiones a la puerta de la Consellería de Sanidade sin que el Gobierno gallego accediese a negociar compensaciones.

La elección de KPMG no es casual. La auditora ya elaboró un informe similar para los hospitales privados de la Comunidad de Madrid a petición de la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada. Aquel estudio fijó en 2.486 euros el coste por paciente y noche en UCI y de 875 euros por paciente y noche en planta de hospitalización.

En Madrid, al igual que sucedió en Cataluña, se llegó a un acuerdo entre Gobierno y sanidad privada para la compensación por la disponibilidad de los servicios y el tratamiento de pacientes Covid.

En el caso de Galicia, la única respuesta oficial que ha trascendido procede de la etapa de Jesús Vázquez Almuíña como conselleiro de Sanidade, cuando en una respuesta al presidente de la patronal española de hospitales Aspe, el gerente del Sergas rechazó negociar cualquier tipo de compensación, pero mostró su apoyo para “buscar una solución” si esa misma petición se trasladaba al Ministerio de Sanidad, “al entender que esta situación debería ser tratada de una forma homogénea para todo el Sistema Nacional de Salud”, decía la misiva de Antonio Fernández-Campa.

Inversiones canceladas

La previsión es que el informe de KPMG esté terminado en las próximas semanas. En un comunicado conjunto, la patronal gallega Ahosgal y la española Aspe advertían ya en junio que el asunto podía acabar en una demanda si no se tomaban medidas compensatorias. De hecho, la patronal anunciaba que solicitaría un dictamen jurídico sobre responsabilidad patrimonial del Estado por la atención de pacientes y la disposición de recursos asistenciales durante lo peor de la pandemia, en marzo y abril.

También aseguraban en el comunicado que los hospitales gallegos incluso acometieron inversiones relacionadas con el Covid-19 por un valor superior a los 435.000 euros, incrementaron un 39% la compra de material sanitario y cancelaron o retrasaron inversiones por un valor estimado de 6,5 millones euros.