La red empresarial vinculada a los investigados por el caso STL, de A Coruña a Las Palmas

De A Coruña a Las Palmas, pasando por Ourense. Así se dibuja la red empresarial vinculada con las cuatro personas detenidas y puestas en libertad el pasado viernes dentro de la investigación que lleva el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña y que pivota alrededor del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) de la ciudad herculina, una central que históricamente ha mantenido conflictos con los distintos gobiernos municipales que han derivado en muchas ocasiones en huelgas.

La operación arrancó hace una semana, cuando la Policía Nacional procedió a la detención de cuatro personas, investigadas por presuntos delitos de corrupción entre particulares, estafa y blanqueo de capitales. Según trascendió, se trata de Miguel Ángel Sánchez, secretario general del STL, su mujer y gerente de Imprego, Cristina Martínez, el presidente del comité de empresa de PreZero, la concesionaria del servicio de recogida de basuras de A Coruña, Luis Varela, y una extrabajadora del sindicato, Ximena Romero.

Trama de contrataciones y ‘mordidas’

Según la información aportada por la Policía Nacional, “de la investigación, se desprende que el secretario general de una organización sindical, con la cooperación necesaria de personas cercanas a él, se habría aprovechado de su posición como fuerza sindical en las empresas adjudicatarias de determinados servicios públicos en la ciudad de A Coruña para lograr beneficios económicos personales e indebidos”.

“A través de varias empresas administradas en la sombra por esta persona, constando al frente como testaferro una cooperadora suya, se habría estado percibiendo unos beneficios, tan solo en el año 2021, de más de 250.000 euros”, explicaron. “El sistema de funcionamiento de la red sería, a grandes rasgos, que las empresas adjudicatarias habrían cedido gran parte de la selección de personal contratado a los detenidos, lo que fue aprovechado por los mismos para tejer una red constituida por familiares, allegados, amigos y terceras personas. Estos exigirían pagos mensuales a todas aquellas personas que quisiesen trabajar en las empresas adjudicatarias de los servicios, como requisito obligatorio para poder entrar a trabajar en ellas, a modo de mordida”, apuntan. “Si no se accedía a dichos pagos, nunca se podía entrar a trabajar en la plantilla. Del mismo modo, si se dejaba de pagar, los trabajadores eran despedidos bajo cualquier pretexto, así como se desprende de las pruebas testificales practicadas”, explicaron.

El pasado viernes, el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña puso en libertad con cargos a los detenidos relacionados con el STL, obligándoles, eso sí, a comparecer cada 15 días debido a los delitos por los que se los investiga. En todo caso, al margen el procedimiento judicial, los datos depositados públicamente ante el Registro Mercantil permiten establecer un dibujo de las sociedades vinculadas con los ahora investigados. Una red empresarial de firmas de selección de personal.

La pasada semana, y en el marco de esta investigación, agentes de la Policía Nacional realizaron registros en diferentes puntos de la ciudad herculina, desde las oficinas del STL, ubicadas en el barrio de Agra del Orzán, a los domicilios del presidente del sindicato y las oficinas de Inusvalia.

Centro especial de empleo

Esta última es una de las sociedades vinculadas a una de las investigadas en la trama que rodea al Sindicato de Trabajadores de la Limpieza. Según los datos del Registro Mercantil, Inusvalia fue constituida en Carballo en el año 2021, figurando como administradora única Ximena Romero. Según su página web se trata de un “centro especial de empleo” vinculado a servicios de limpieza viaria.

“En un contexto de vida invadida por el urgente, el superficial y sin tiempo para lo importante nace Inusvalia como hogar de oportunidades para aprender y crecer profesionalmente, pero también para cultivar la riqueza interior, primando cualidades como la bondad, la compasión, la amabilidad, la paciencia, la tolerancia, humildad y generosidad, sin las que el concepto de profesional carecería de sentido”, apunta la compañía en su página web. Inusvalia, según el citado espacio, “nace en 2021 buscando nuestro hueco en la gestión medioambiental, desenrollando actividades como la limpieza viaria, la recogida de residuos y el mantenimiento de la calidad medioambiental en todas sus vertientes. Desde la perspectiva de la eficiencia, el compromiso y la visión de futuro del medio ambiente como lugar de desarrollo de la vida; teniendo en nuestras manos y mentes a responsabilidad de desenrollar un modelo de trabajo activista y sostenible, así como integrador y socialmente eficaz y eficiente”.

Según los últimos datos depositados ante el Registro Mercantil, Inusvalia se anotó en 2021, su primer año de vida, una cifra de negocios de 206.000 euros. Con unos siete empleados fijos a lo largo del ejercicio y atendiendo a su última memoria publicada, los gastos de personal de la sociedad llegaron a los 163.000 euros, declarando, al margen, unos gastos de explotación adicionales de 31.000 euros. La sociedad finalizó el año con un beneficio neto que rozó los 9.500 euros.

Imprego y la denuncia de la CIG

Inusvalia es una de las empresas vinculadas a las personas investigadas dentro del caso STL, pero no es la única. Y es que, a raíz de destaparse la operación judicial de A Coruña, el sindicato CIG se dirigió a la Fiscalía de Ourense para solicitar que se reabra el expediente que archivó sobre esta organización sindical por supuestas irregularidades en contrataciones en la ciudad de As Burgas.

La CIG indica que, además de en A Coruña, el sindicato STL “domina casi el 100% de la recogida de residuos sólidos y la limpieza viaria” en Ourense, donde esa misma asociación, “creó Ecourense UTE, que emplea un sistema de contratación mediante una agencia que se llama Imprego”. Esta firma, que «en teoría es para incluir en el mercado laboral a personas con riesgo de exclusión social», está dirigida «por la esposa del secretario de STL». Las mismas fuentes explican que Imprego consiguió tener en Ourense el 50% de las contrataciones que se hacen en Ecourense UTE en exclusiva, «con la aquiescencia de una de las empresas del Grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)».

De este modo, la CIG asegura que el personal que contrataban «de pronto empezó a aumentar», la plantilla «se disparó» con vinculaciones «temporales, de fines de semana y coberturas que antes no se cubrían», y que a mayores «para que la gente fuese contratada tenía que pagar una cuota mensual». «Si el contrato era de jornada completa era alrededor de 70 euros, si el contrato era de jornada parcial la cuota rondaba los 45«, explica.

Apenas existe, en todo caso, información pública sobre esta entidad. Imprego, Asociación Impulso o Emprego y que estaría dirigida por una de las imputadas en la investigación, está domiciliada en A Coruña y habría sido constituida en el año 2018. No obstante, no existen balances depositados ante el Registro Mercantil de la citada sociedad, que también se dedicaría, como Inusvalia, a actividades relacionadas con agencias de colocación.

Sociedad en Las Palmas

Pero, además, los datos depositados ante el Registro Mercantil evidencian que hace unos meses, concretamente en septiembre del año pasado, dos de las personas investigadas en el marco de esta operación, constituyeron una sociedad en Las Palmas también vinculada a la contratación de personal para servicios integrales.

Se trata de Lanzalia Inclusión Social SL, que cuenta con Ximera Romero como administradora solidaria y a Cristina Martínez como apoderada solidaria.

Bloqueo de propiedades inmobiliarias

Así se dibuja el mapa de sociedades vinculadas de forma pública a los investigados en la trama del STL. En el marco de la investigación, la Policía Nacional comunicó que la semana pasada procedió al bloqueo de varias propiedades inmobiliarias, entre las que se encuentran 7 fincas urbanas y dos fincas rústicas valoradas en más de medio millón de euros, «así como activos en cuentas bancarias por un valor muy elevado».

También fueron intervenidos 45.000 euros en efectivo, seis vehículos de alta gama, teléfonos móviles y material informático, «así como dos detonadores con 90 cartuchos y una imitación de una placa con emblema de la Policía».