La puntilla de Reyal Urbis

Las penas de Reyal Urbis, la inmobiliaria cotizada presidida por Rafael Santamaría, no vienen solas. Más de 211 millones de euros perdidos en el primer semestre, inmersa por tercera vez en causa de disolución, una refinanciación –la cuarta– sobre la que los bancos acreedores no saben por donde tirar ante la manifiesta incapacidad de la empresa para devolver los 3.800 millones de deuda financiera, y, lo que faltaba, una sanción muy grave impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tanto a la empresa como a su presidente.

La multa no deja de ser una minucia a efectos cuantitativos si se compara con la deuda manejada, pero pone en entredicho la gestión realizada en estos últimos años. En concreto, la sanción hace referencia a la realización de prácticas de manipulación de mercado entre el 2 de enero y el 14 de julio de 2008, a través de operaciones de acciones propias de la sociedad. Por ellas, la multa que se impone a Reyal Urbis es de 80.000 euros, de 20.000 a su presidente, Rafael Santamaría, y de 50.000 euros a la sociedad de valores de Caja Madrid, la entidad encargada de realizar la operación.

Levantar cabeza

La resolución de la CNMV del pasado 13 de julio, publicada en el BOE el 16 de agosto, llega en un momento crucial en el futuro de una empresa que se ve incapaz de levantar cabeza y de hacer frente a esos algo menos de 4.000 millones de euros de deuda. Así lo deja entrever la auditora Deloitte en la revisión limitada realizada sobre los estados financieros presentados al cierre del primer semestre.

Dos grandes dudas que pasarían, en primer lugar, por la “existencia de una incertidumbre significativa sobre la capacidad del grupo para continuar sus operaciones, realizar sus activos y hacer frente a sus pasivos”. Estima Deloitte que “en la determinación del valor de mercado de los activos se han utilizado valoraciones de expertos basadas en estimaciones sobre flujos de caja futura, rentabilidades esperadas y otras variables normales de negocio”, justo lo contrario de las vías por la que circula el sector inmobiliario en el que se mueve Reyal Urbis.

Primer semestre

Además, aduce la auditora que el proceso de renegociación de la deuda financiera “podría poner de manifiesto minusvalías adicionales no registradas en los estados financieros presentados”. Estados que, al cierre del primer semestre, arrojaban unas pérdidas de 211,3 millones de euros, un 31% más que en el mismo periodo de 2011. Y, lo más preocupante, el aumento exponencial de esos números rojos en el segundo trimestre. Si hasta marzo ascendían a 46,5 millones, entre abril y junio se incrementaron en 165 millones.

Los ingresos han ascendido a apenas 51 millones. Algo más de la mitad por la actividad promotora, que le reportó 26 millones tras la entrega de 86 viviendas. Poco más de medio millón por la venta de suelo, 14 millones procedentes del negocio hotelero y los restantes 10,2 millones facturados por la explotación del patrimonio en renta. Un dato positivo son los 31 millones menos abonados por gastos financieros por las condonaciones de deuda registradas a la entrega de llaves en algunas promociones.

Disolución

Además, como ocurrió hace un año y volvió a repetirse durante el primer semestre de 2012, Reyal Urbis vuelve a estar en causa de disolución. Como entonces, ha vuelto a tener que activar el mecanismo de conversión de deuda sindicada en participativo para equilibrar el patrimonio. A día de hoy tal conversión no se ha producido, y si lo ha hecho no ha sido comunicado en hecho relevante a la CNMV.

De acuerdo con el artículo 363 de la ley de sociedades de capital, éstas deberán disolverse cuando las pérdidas del ejercicio dejan reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, salvo que éste se aumente o reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.

Para el cómputo de lo dispuesto en el referido artículo, dicho patrimonio neto queda reducido a 33,44 millones de euros tras descontar 38,5 millones de euros en préstamos participativos, otros 5,3 millones de pérdidas por deterioro que no se computan por inmovilizado material, 62,05 millones por inversiones inmobiliarias, casi 700 millones por existencias y 50,42 millones por deterioro de activos inmobiliarios en sociedades participadas.