La promesa (imposible) de Caamaño para legalizar sus terrenos: 1.000 empleos

Las irregularidades urbanísticas del Grupo Caamaño en su sede central de Culleredo llegan al juzgado y dejan una patata caliente en la mesa de la Xunta. La vicepresidencia segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación sometió a información pública el pasado mes de septiembre la solicitud de Lots, Land & Rent para regularizar y ampliar unas instalaciones en torno a las cuales pende una promesa de crear 1.000 nuevos puestos de trabajo, pero también una investigación por parte de la Justicia.

No en vano, la tramitación del proyecto se produce en un momento en el que el Juzgado de Instrucción Número 2 de A Coruña mantiene diligencias abiertas por un presunto delito contra la ordenación territorial contra el antiguo dueño del grupo y promotor de esta ampliación, José Caamaño Louro.

¿Creación de 1.000 empleos?

El Grupo Caamaño, ahora rebautizado como Kimak tras la compra de la mayoría accionarial por parte de la vasca Kider, elaboró su plan ante el Gobierno gallego tras calcular que, de aprobarse su proyecto, generaría 300 nuevos empleos directos y otros 700 indirectos. Esta previsión de creación de 1.000 puestos de trabajo más en torno a su cuartel general de Alvedro fue precisamente la que dio pie a que el proyecto cambiase de esfera y abandonase los cauces municipales para pasar a la mesa de la Xunta de Galicia, que en octubre de 2019 declaró su supramunicipalidad.

Sin embargo, la promesa de la compañía para pisar el acelerador en materia de nuevas contrataciones se produce en un momento marcado por los despidos en algunas de las filiales del grupo. Así lo reflejan las últimas cuentas depositadas ante el Registro Mercantil. En ellas consta un descenso de 149 a 130 en el número de trabajadores que, de media, tuvo en 2019 la que hasta hace unos años era su principal filial (Caamaño Sistemas Metálicos), mientras que en Metales y Muebles Especiales también consta un descenso de 226 a 204 empleados en el año de la toma de control por parte de Kider tras un ajuste que se dio, fundamentalmente, por el lado de los asalariados sin contrato fijo.

Los recortes de plantilla se produjeron en paralelo a una bajada de facturación de 37,7 a 22,4 millones de euros por parte de Caamaño Sistemas Metálicos y de 37,1 a 32,3 millones en el caso de Metales y Muebles Especiales. De esta dinámica sí logró salirse, por el contrario, la sociedad que ahora se ha convertido en la segunda mayor de todo el Grupo Caamaño: Neograf Alvedro. Esta última logró elevar su cifra de negocio de 23 a 29,4 millones de euros, generando 25 nuevos empleos (hasta un total de 231) que no compensan todavía los 41 puestos de trabajo perdidos en sus dos principales filiales, que, además, en el caso de Metales y Muebles Especiales, continuaron con los recortes en 2020, al llegar a plantear una docena de despidos a finales del año.

Segunda intentona ante la Xunta

El plan presentado a finales de 2019 bajo una promesa de 10,8 millones de euros en inversiones es el segundo intento del Grupo Caamaño de regularizar sus instalaciones ante la Xunta de Galicia. Y es que Lots, Land & Rent, la sociedad patrimonial con la que Caamaño Louro promueve la legalización y ampliación de las instalaciones, ya presentó un plan similar para regularizar su situación en 2007 (etapa del bipartito), aunque finalmente sus aspiraciones se acabaron truncando tras toparse con la negativa del Gobierno gallego.

Por aquel entonces la superficie de sus instalaciones rondaba los 20.000 metros cuadrados, prácticamente la mitad que los 34.536 metros actuales (se quieren elevar hasta los 53.275 metros una vez finalizado el proceso) y el objetivo, al igual que ahora, pasaba por convertir el “suelo rústico de protección ordinaria” no urbanizable sobre el que se asienta en suelo industrial.

Esta irregularidad, a la que no se puso remedio con ninguna de las sucesivas modificaciones del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Culleredo, desembocaron en una investigación por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que puso en conocimiento de la Fiscalía la existencia de “la edificación en suelo no urbanizable de protección de aguas, careciendo de las licencias urbanísticas que amparen su legalidad” que ahora investiga el Juzgado de Instrucción Número 2 de A Coruña.