La plantilla de Alu Ibérica pone fin a la guerra judicial con Alcoa a cambio de indemnizaciones
Unanimidad en los sindicatos de las plantas de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés para renunciar a la vía legal contra Alcoa a cambio de las indemnizaciones por valor de 70 millones que ofrece la multinacional americana
Los sindicatos de las plantas de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés dan luz verde al acuerdo para poner fin a la guerra judicial con Alcoa. Así lo aseguran fuentes sindicales a la agencia EFE, que hablan de unanimidad para dar este paso por el cual se renuncia a la vía judicial contra la antigua propietaria de estas factorías a cambio de una batería de indemnizaciones.
Está previsto que a lo largo de este fin de semana los trabajadores formalicen su renuncia a mantener la vía legal contra Alcoa. Para ello deberán firmar esa renuncia a las demandas en la plataforma que Alcoa ha habilitado este miércoles, con la que se activa el proceso para abonar indemnizaciones.
Así son las compensaciones de Alcoa
Mientras tanto, un grupo de trabajadores de A Coruña, que se había dado de baja de la empresa, ahora quiere acogerse al acuerdo para percibir las indemnizaciones. Se trata del último escollo para hacerse con unas compensaciones que recogen pagos por cada empleado de 60 días por año trabajado más 10.000 euros lineales, lo que podría suponer un desembolso para la compañía de unos 70 millones de euros, entre las fábricas de Avilés y A Coruña.
Alcoa exige un acuerdo por unanimidad, por lo que no se sabrá si el proceso llegará a buen puerto hasta que no se produzca, a lo largo de este fin de semana, la firma definitiva y, en consecuencia, la asunción de los puntos convenidos para acceder a la indemnización.
El comité de empresa de Alu Ibérica de Avilés firmó el pasado 7 de abril el expediente de extinción de empleo para toda la plantilla de la fábrica (unos 240 trabajadores), con la esperanza de que el próximo inversor tenga carácter industrial y rescate los actuales empleos.
La plantilla se hallaba incursa en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y, tras la firma del despido con la administración concursal, y una vez reciba la correspondiente autorización judicial, los trabajadores quedarán en el paro, previsiblemente, a partir del 1 de mayo.