La plantilla de Alu Ibérica denuncia la venta a Riesgo en la Fiscalía
La gran industria electrointensiva gallega, en los juzgados. El comité de la antigua Alcoa en A Coruña llevará ante la Fiscalía la venta de Parter a Riesgo
Protesta de los trabajadores de Alu Ibérica en A Coruña el pasado mes de octubre
La crisis industrial de Alcoa no solo se circunscribe a A Mariña Lucense. También en A Coruña, los trabajadores de Alu Ibérica, la antigua Alcoa, reclaman la intervención temporal de la planta por parte del Gobierno. Aseguran que su nuevo dueño, Grupo Industrial Riesgo, no está haciendo las inversiones comprometidas. Este jueves, el presidente del comité de empresa de la fábrica herculina, Juan Carlos López Corbacho, avanzó que la representación de los trabajadores ultima una denuncia para presentar ante la Fiscalía con las «ilegalidades» que, a su juicio, existen en la compraventa de la instalación.
Así lo adelantó a los medios tras una reunión esta jornada con el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada. «Hay suficiente documentación e información para que se obre con contundencia», recalcó, incidiendo en que van a «elaborar» la denuncia y «presentarla» ante Fiscalía.
Un traspaso polémico
En 2019, Alcoa traspasó las fábricas de A Coruña y Avilés al fondo suizo Parter, después de un proceso de puja que estuvo tutelado por el propio Gobierno central. Entre otras cuestiones, el nuevo adjudicatario de las factorías se comprometía a mantener el empleo durante dos años, tiempo en el que no podría traspasar los activos adquiridos. Sin embargo, antes del tiempo previsto, Parter vendió la mayoría accionarial de ambas sociedades a Grupo Industrial Riesgo, en una operación que llegó a ser puesta en tela de juicio por Alcoa, que bloqueó temporalmente los pagos que periódicamente aporta para la modernización de las plantas.
Corbacho insistió en que en todo el proceso de venta de activos de Alcoa hubo «mala fe«. «Quiso deshacerse por capítulos del aluminio primario en España» y, por ello, ha exigido una solución al Gobierno que, a su juicio, pasa por «la intervención» tanto de las plantas de A Coruña y Avilés, actualmente Alu Ibérica, y la de Alcoa, en San Cibrao (Lugo).
Riesgo asegura que tiene un «plan industrial»
En respuesta a este anuncio, el Grupo Industrial Riesgo insiste en que el proceso de venta de las plantas de aluminio de A Coruña y Avilés «se ha llevado a cabo cumpliendo todos los requisitos normativos y de procedimiento exigidos para la adquisición en nuestro país».
«Incluso, el acuerdo, ha sido rectificado, posteriormente, ante notario, a petición del vendedor original, reconfirmándose la adhesión a todos los contratos». Por otra parte, indica que las plantas de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés «se están gestionando actualmente bajo las directrices de un plan industrial claro y definido, que actualmente se está aplicando».
«Dentro de este plan industrial y concretamente a la planta de A Coruña se ha destinado una inversión de 1,3 millones de euros para su conversión a gas natural, necesaria para garantizar una producción sostenible». «También en esta planta se ha realizado ya la reparación del horno 1B, con el que se aumentará la producción en un 25%».
«Con estos pasos, la dirección de Alu Ibérica trabaja en reconvertir las plantas a la producción de aluminio verde circular«, añade en un comunicado.
El Gobierno recela de Alu Ibérica
Por su parte, el delegado del Gobierno, Javier Losada, ha trasladado al comité que el Ejecutivo «comparte sus preocupaciones acerca de la actividad industrial de la actual factoría», ha informado al término de la reunión.
Durante el encuentro, al que ha asistido la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo, ha reafirmado, según explica la Delegación del Gobierno, que se «mantiene firme el compromiso que adoptó cuando se produjo la venta de la fábrica». «Supervisar el proceso y este Gobierno lo está cumpliendo», recalca.
Así, les ha explicado que tanto el Ministerio Fiscal como Agencia Tributaria, Inspección de Trabajo y Abogacía del Estado están analizando las denuncias y los informes de la empresa propietaria para confirmar si existen «incumplimientos del contrato de compraventa». «Y, en consecuencia, actuar en defensa de la actividad industrial y de los trabajadores». «Estamos comprobando todos los datos por si es preciso tomar decisiones por vía administrativa o incluso por la vía judicial«, aseguró.
