La planta gallega de Celsa gana su enésima batalla, pendiente del acuerdo con los acreedores

La acería de Celsa en A Laracha, en su día en manos de Manuel Añón, superó este viernes una etapa de vital importancia para definir su futuro, aunque no la última. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aprobó un millonario rescate de 550 millones, el mayor concedido hasta el momento, para el grupo de la familia Rubiralta, dueño de la factoría coruñesa, de la que penden unos 134 empleos directos.

La inyección se repartirá a través de un préstamo participativo de 280,5 millones y otro ordinario de 269,5 millones, con cargo al fondo de rescate de la SEPI activado tras la pandemia. Aunque la partida ya tiene luz verde, al ser el importe superior a los 250 millones de euros, es preciso el plácet de la Comisión Europea antes de su elevación al Consejo de Ministros.

Resta el acuerdo con los acreedores

La noticia ha insuflado oxígeno a la plantilla coruñesa de una factoría que pende que la filial Celsa Atlantic, que también integra la fábrica que el grupo tiene en Vitoria. El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda indica que la operación ha sido aprobada por el consejo gestor del fondo “tras un exhaustivo y riguroso” proceso de análisis de la situación económica y jurídica de la empresa, del impacto del Covid, del plan de viabilidad de Celsa España y de la reestructuración de la deuda con sus acreedores.

Pero es precisamente este fleco el que aún está suelto. Una cuestión que no es baladí para una plantilla que espera mantenerse bajo la batuta de los Rubiralta y que recela de los fondos acreedores. De momento, estos han lanzado la propuesta de quedarse con un 75% del capital. La inyección de la SEPI ayuda en las negociaciones, que aún se mantienen, pero es necesario llegar pronto a una entente ya que Europa quiere que las ayudas del fondo de rescate se den antes del 30 de junio.

En juego, el control del grupo

Celsa lleva ya semanas negociando, y ahí sigue, con sus acreedores, entre los que se encuentran los bancos Deutsche Bank y Goldman Sachs, así como los fondos Anchorage, Capital Group, Attestor Capital, Cross Ocean Partners, GoldenTree Asset Management, Sculptor Capital Management y SVI Global. El Gobierno quiere que se llegue a un acuerdo para que los Rubiralta y los acreedores pacten una reducción del pasivo, de los 2.300 a los 1.000 millones de euros. Las partes se han comprometido a cerrar ese acuerdo, pero la duda ahora está en cómo quedará el capital de la compañía.

Según adelantó El Confidencial, la última propuesta de los acreedores pasa por convertir unos 630 millones de la deuda e inyectar mediante ampliación de capital otros 50 más. A cambio, se quedarán con el 75% de la compañía, una propuesta que se antoja complicada de aceptar, ya que los Rubiralta cederían el control del grupo siderúrgico.

A Laracha quiere crecer

En A Laracha esperan a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. La factoría sigue trabajando de forma habitual y fuentes sindicales destacan el buen desempeño de la fábrica, que realiza acero corrugado y alambrón para el sector del automóvil y la construcción. Si se llega a un acuerdo, sostienen que la factoría tiene recorrido, ya que antes de la crisis derivada por la millonaria deuda del grupo la idea era la de acometer nuevas inversiones en la factoría que podrían llevar a ampliar considerablemente la plantilla.

Otras fuentes empresariales consultadas por Economía Digital Galicia aseguran que, incluso, se habría presentado un proyecto al Perte de Economía Circular del Gobierno.

Décadas de cambios

La siderúrgica de A Laracha lleva ya décadas superando obstáculos y cambios. Su historia se remonta al año 2001. Entonces, el empresario Manuel Añón, dedicado hasta el momento al comercio al por mayor de acero, anunció su intención de convertirse en fabricante y exportador. Contó entonces con el apoyo de la Xunta de Manuel Fraga, que aportó unos 10 millones de euros.

Pasados tres años, su socio, el empresario Epifanio Campo, entró en contacto con Arcelor para hacerse con otra acería ubicada en Bayona (Francia). El 100% de la misma pasó a manos gallegas, aunque en 2004 ambos empresarios decidieron vender los activos (Siderúrgica Añón, Hierros Añón Comercial y la planta francesa) a los Rubitalta, la fortuna catalana dueña de Celsa. Se pagaron entonces 415 millones de euros.

Desde entonces hasta ahora, la factoría ha superado distintos baches, siendo el más recordado el ERTE que la empresa planteó para sus fábricas de Vitoria y Urbina, en Álava, y para la gallega. Al margen, la fábrica tuvo que lidiar con el aumento del precio de la energía en su consideración de gran consumidora electrointensiva, la competencia de países como China o Turquía o la caída de la construcción con la última crisis financiera.

El año pasado, la plantilla convocó varios días de huelga para demandar mejoras en el convenio colectivo y pedir un plan de inversiones para la fábrica, que estaba operando a un 50% de la capacidad. Este, también tuvo que aplicar un ERTE que solo duró unos días motivado por el paro de los transportistas.

Una fábrica rentable

Por su producción y las expectativas de crecimiento, distintas fuentes consultadas por este medio coinciden en la viabilidad de la planta coruñesa. A nivel oficial, no obstante, es complicado conocer sus números ya que la filial que la sostiene, Celsa Atlantic, presenta unas cifras ante el Registro Mercantil que también incluyen el negocio vasco.

A cierre de 2020, últimos datos oficiales, los ingresos de Celsa Atlantic ascendieron a 222 millones de euros, un 15% por debajo de la etapa prepandémica debido a la caída de los precios del acero. Eso hizo que la sociedad triplicase sus números rojos el año del Covid y que incurriese, formalmente, en causa de disolución, al presentar un patrimonio neto negativo de 27,8 millones de euros.

Para mitigar la situación, la matriz de la compañía prestó apoyo financiero a la filial, con unos préstamos participativos de unos 200 millones de euros, según la memoria de Celsa Atlantic.

Ahora, una vez más, la factoría de A Laracha navega turbulencias, aunque desde este viernes las aguas bajan más calmas. La millonaria inyección de la SEPI es clave para despejar su futuro.