La piedra en el zapato de Sandra Ortega: Room Mate pierde un juicio por un hotel a la espera de la SEPI

Sandra Ortega, la mujer más rica de España, ha llevado a cabo en los últimos meses distintas operaciones de calado en su cartera inversora, que sufrió especialmente el golpe de la pandemia. Su holding, Rosp Corunna, cerró el ejercicio de la pandemia con unos números rojos de 91 millones de euros y su inmobiliaria, Ferrado, en situación de quiebra técnica. Aún es pronto para que se hagan públicos los resultados correspondientes al ejercicio 2021, pero el aumento de los dividendos de Inditex (que sufrieron un hachazo el año del Covid) y las desinversiones realizadas en diciembre (vendió un hotel en Miami por unos 55 millones de euros) anticipan una segura mejoría.

Lo que no varía, al menos de momento, es su participación en Room Mate, hotelera de la que posee un 30%. Según las informaciones publicadas, el paquete accionarial llevaría en venta meses, aunque no ha trascendido ningún traspaso. Y todo esto en un momento delicado para la compañía de Kike Sarasola, que espera un rescate de la SEPI que, por ahora, no llega y que, además, según El Diario de Ibiza, acabaría de sufrir un revés en los juzgados a cuenta de un establecimiento que no logró abrir en la isla.

Un hotel que no fue

Hace un año, Room Mate anunció su previsión de abrir en mayo su primer hotel en Ibiza, que recibiría el nombre de Ángel y que se ubicaría en el histórico inmueble de El Puerto. No obstante, esa inauguración no llegó a producirse (aunque el hotel sí fue reabierto por sus propietarios y con una profunda reforma el verano pasado).

Según el medio ibicenco, Room Mate habría demandado a la propietaria del activo, Edificaciones Turísticas, por un presunto delito de incumplimiento del acuerdo de arrendamiento que habían alcanzado de este hotel de cuatro estrellas. También reclamaba una indemnización por daños y perjuicios. El inicio de este conflicto radica en que los de Sarasola denunciaron que el establecimiento no se encontraba en condiciones de ser entregado y recepcionado en el momento acordado, en tanto que no había sido resuelto un problema de insonorización de un local excluido del contrato y destinado a un café concierto.

Room Mate habría alegado que la propietaria del hotel dio por resuelto unilateralmente el contrato el 10 de mayo de 2021, lo que habría provocado unos daños que ahora reclamaba en concepto de lucro cesante, así como de daño emergente y reputacional. El juzgado, no obstante, no habría atendido esta demanda, anulando el contrato de alquiler e incluso abriendo la puerta a una indemnización por el incumplimiento de este. Contra el fallo, no obstante, cabe un recurso de apelación al que previsiblemente se acogerán los de Sarasola.

Polémica por la inspecciones

El conflicto radicaba en la inspección definitiva del hotel, que según la propietaria, Room Mate nunca llegó a llevar a cabo y que era previa a la toma de posesión del inmueble. El fallo recoge que el acuerdo entre ambos actores pasaba por realizar una inspección provisional el 20 de octubre de 2020. En ella, los de Sarasola habrían comunicado que existían «deficiencias subsanables», por lo que se pactó una inspección definitiva, antes de la recepción del inmueble, que debía ser propuesta por la arrendadora. Esa última revisión no llegó a producirse aunque los caseros del hotel aseguran que emplazaron a los arrendatarios hasta en tres ocasiones a la cita.

Así, el fallo indica que “no habiendo asistido la arrendataria a tal inspección definitiva, carece de sentido que afirme que la entrega de la posesión no tuvo lugar por la existencia de deficiencias en el inmueble, siendo precisamente en tal acta en en donde debían recogerse tales deficiencias”.

A la espera del ‘rescate’

Pero, más allá de este capítulo en los juzgados, la empresa tiene otras urgencias. De momento, no hay noticias al respecto de la inyección que solicitó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales del Gobierno y que ronda los 50 millones de euros. La SEPI ya ha rescatado a varias empresas turísticas (destacando el caso de Hotusa, que recibió 240 millones de euros). El pasado día 10 anunció que había abierto un proceso para la contratación de asesores independientes para analizar la situación de otras dos compañías del sector que pretenden acogerse a las ayudas del Fondo de Solvencia: las cadenas Bluebay y Meeting Point.

Para activar los rescates, la SEPI realiza un proceso de análisis financiero y jurídico. La sociedad dependiente del Ministerio de Hacienda explica que los servicios de asesoramiento financiero sirven para “verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de naturaleza económica establecidos y analizar la suficiencia de las medidas planteadas en el plan de viabilidad para que la empresa restaure la solvencia dañada y retorne a la senda de la viabilidad”.

Análisis financiero

Indica que “el estudio de cada operación incluye también el análisis preCovid de la empresa y el impacto de la pandemia”. El Ejecutivo quiere, de esta forma, “determinar la proporcionalidad del apoyo financiero solicitado y su capacidad de devolución de los fondos públicos otorgados”.

De momento, se desconocen las cifras que alcanzó Room Mate durante la pandemia. Sus últimas cuentas públicas son las de 2019, el año anterior al coronavirus. La compañía cerró ese ejercicio, que también es tenido en cuenta por la SEPI a la hora de activar sus rescates, con unos números rojos de más de 10 millones de euros y un patrimonio neto negativo de 50 millones, derivado de las pérdidas acumuladas en los últimos años.

Estudio jurídico

Los asesores jurídicos, por su parte, son los encargados de realizar un proceso de due diligence. Este incluye “la emisión de informe sobre las condiciones de índole jurídica para ser beneficiario”, así como analiza “las posibles contingencias legales, laborales, y fiscales que pudieran aflorar y afectar al cumplimiento del plan de viabilidad, así como la revisión de la situación laboral y en materia de recursos humanos del solicitante/beneficiaria”.

Hay que tener en cuenta que, en abril del año pasado, y como balón de óxigeno a la espera del rescate de la SEPI, la cadena hotelera suscribió un préstamo de 15 millones de euros con Atitlan, el fondo de deuda de Roberto Centeno, el yerno de Juan Roig.

En esta situación se encuentra Room Mate y, también en esta situación, Sandra Ortega intenta traspasar su participación accionarial. El pasado octubre, El Confidencial indicó que que la hija de Rosalía Mera mantenía conversaciones con el fondo TPG.

A finales de 2020, Rosp Corunna Participaciones Empresariales declaraba mantener con la hotelera créditos a largo plazo por valor de 26,59 millones de euros, además de un crédito deteriorado a corto por importe de 2,1 millones.

Así, aunque Sandra Ortega aborda una revisión en toda regla de sus negocios, queda por ver qué ocurrirá con su participación en Room Mate.