La patronal inmobiliaria alerta: las okupaciones alcanzan su «máximo histórico» en Galicia
El 60% de las propiedades okupadas, unas 600 aproximadamente, pertenecen a entidades bancarias y Sareb, según un informe de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias
La Federación Galega de Empresas Inmobiliarias alerta del incremento de la okupación en Galicia. EFE/ Rodrigo Jiménez
El número de propiedades okupadas ilegalmente en el conjunto de los 313 ayuntamientos de la comunidad gallega ascienden a 600, según las estimaciones de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein). Esta cifra supone un incremento del 15,3% en la comparativa interanual alcanzando un «máximo histórico» en Galicia desde que hay registros.
Desde la federación apuntan que la «problemática» de la okupación de una propiedad se está cronificando en Galicia y constituye ya «un grave problema social». En este sentido, lamentan que no exista una «respuesta jurídica uniforme» a un problema que se está «enquistando en las grandes ciudades y municipios costeros más turísticos».
Zonas más afectadas
A Coruña acumula casi el 60% de las okupaciones de viviendas. En concreto, las propiedades en calles como La Barrera, San Lucas, Agra do Orzán, A Zapateira, Eladio Rodríguez, Padre Busto y Avenida de Arteixo son las que mayor número acumulan.
Por su parte, en el área de Barbanza, Boiro y Riberia con el barrio de Abesadas, son las zonas más afectadas. Con lo que respecta a Ferrol las okupaciones se localizan en las zonas de Ciudad Jardín, barrio de Recimil, O bertón y Orzán.
En Lugo las zonas que acumulan mayor número se concentran en A Milagrosa, Sagrado Corazón y A Piringalla, con especial preocupación en el barrio de A Milagrosa, As Gándaras, el barrio Feijóo y A Chanca.
En Vigo las zonas de Teis, Calvario, Travesía de Vigo y calles del centro urbano como Areal Cervantes, Esperanto, Progreso, Gran Vía, Alfonso XII, así como distintas vías del Casco Viejo son las que más allanamientos sufren.
En el caso de Santiago de Compostela los focos de okupación se sitúan en el barrio de Pexigo, rúa de Belvís, calle Rueiro de Figueiriñas, rúa San Pedro, Algalia de Arriba y Cruceiro do Gaio.
Por último, en Ourense los moradores ilegales se concentran principalmente en la calle Celso Emilio Ferreiro, la zona de As Burgas. A ellas hay que añadir distintas calles del casco antiguo, la zona del Veintiuno, la avenida de Portugal o el área de Mariñamansa.
Reforma de la ley
Los procesos judiciales de desalojo por okupación, según Fegein tienen una duración media de catorce meses. Por este motivo, manifiestan la necesidad de reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Penal para que «los procedimientos de desahucio se lleven a cabo por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sin esperar la autorización judicial».
En esta línea, la federación respalda «las recientes propuestas de la Comunidad de Madrid en las que el okupa sea desahuciado de manera inmediata si no muestra ningún título o documento que acredite que el propietario le ha permitido residir ahí en un plazo de 48 horas».
El presidente de Fegein, Benito Iglesias, sostiene que «aunque es difícil saber cuántas propiedades están okupadas en Galicia» la cifra aproximada es de 600. De ellas, el 60% son de procedencia bancaria y Sareb. En el resto estarían particulares, fondos de inversión y propiedades vacías de administraciones públicas.
Según Iglesias el problema de la okupación «se ha agravado y multiplicado y hay que afrontarlo», sobre todo en una comunidad que cuenta «con más 330.000 viviendas vacías».
El presidente apunta que «la actual ley de desahucio exprés, únicamente ha propiciado el hecho de que el propietario pueda acudir en menos tiempo y por menos coste a un juicio civil de desahucio, algo de lo que la legislación procesal carecía». La mayoría de los propietarios suele recuperar la vivienda en un plazo de tres a doce meses, aunque «siempre con importantes desperfectos que nadie cubre, por la insolvencia de los okupas».
Además, destaca que «estamos peor que nunca y con unas perspectivas de empeoramiento de la situación» en Galicia, debido a que la legislación vigente «no afronta la problemática actual en un contexto económico adverso».
