La patronal de Puentes y Copasa pide mil millones para evitar quiebras
La asociación de constructoras independientes reclama hasta 1.000 millones a la administración para hacer frente a gastos extra y el parón por el Covid-19
La patronal de las constructoras gallegas Puentes y Calzadas y Copasa mueve ficha ante el parón que registra el sector. La Asociación Nacional de Constructores Independientes (Anci) alerta de que la decisión contemplada en el último real decreto del Gobierno, con el que fuerza la paralización de actividades “no esenciales”, amenaza con llevar a la quiebra a empresas del sector.
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“Si no se ponen los medios para que las empresas del sector puedan mantener sus flujos de caja van a abocar a las empresas a defenderse mediante el concurso, abocados en muchos casos a la liquidación”, aseguran desde Anci, que reclaman o bien ajustes y anticipos en los “presupuestos ya consignados” de determinadas obras o un incremento de gasto “que podría estimarse entre los 600-1.000 millones de euros en el conjunto de las administraciones públicas”.
Desde Anci, de la que también forman parte Lantania (fundada por exdirectivos de Isolux), Copcisa o Azvi, recalcan que “las medidas como las que hasta ahora se han contemplado, como líneas de avales o, en el caso de concesiones, reequilibrios mediante ampliación del plazo de la misma, son insuficientes a estos fines».
Un expediente de daños
La asociación también pide a las autoridades que regulen a través de un expediente de daños todos los gastos sobrevenidos por la paralización de la actividad en partidas como vigilancia privada de las obras, extensión de los avales, los gastos generales por prohibirse los despidos o el incremento de precios de subcontratatas y proveedores).
Pero, además de poner deberes a la administración, desde la patronal de Copasa o el Grupo Puentes y Calzadas también reclaman al sector bancario la prórroga de los vencimientos y obligaciones de pago durante al menos dos años hasta que recupere la demanda. “El banco tiene que garantizar la cadena de pagos al constructor y al promotor usando la línea de avales del Estado, pero la realidad esperada es que la crisis económica devenida de la sanitaria supondrá que el promotor tendrá más dificultades para vender su producto», aseguran. Es por ello que, según concluyen, «si los bancos no colaboran con esta realidad volverán a quedarse con muchos proyectos, situación claramente indeseable para todas las partes».
