La patronal gallega de la construcción arremete contra la “paralización judicial” de parques eólicos
La Federación Galega da Construcción carga contra las recientes sentencias que han tumbado las autorizaciones administrativas de la Xunta a Greenalia al defender que se paran “proyectos autorizados con inversiones millonarias”
La patronal de la construcción en Galicia muestra su descontento ante recientes sentencias judiciales que han tumbado autorizaciones administrativas a parques eólicos llevadas a cabo por la Xunta. La Federación Galega da Construcción denuncia lo que considera una “paralización judicial” de proyectos que contaban con informes ambientales favorables.
En concreto, a través de un comunicado de prensa, apunta a la «pérdida de oportunidades» para el desarrollo industrial de la comunidad y para la creación de empleo. A pesar de la denuncia, también asevera la federación que muestra «el máximo respeto» por las decisiones adoptadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Autorizaciones ambientales
La patronal gallega del sector advierte de las «repercusiones negativas a nivel económico y social» que tiene «la no ejecución de los proyectos autorizados, ya que se trata de inversiones millonarias».
Critica que «después de haber sido sometidas a una evaluación ambiental durante meses y años, quedan en una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica al dejar en suspenso su declaración de impacto ambiental».
No obstante, recientes sentencias como la relativa a parques de Greenalia no ponen el acento en el impacto de los parques en el terreno sino, precisamente, en una tramitación administrativa que no ha sido la correcta.
Perjuicio para el sector
Los constructores, en línea con la patronal gallega y con las declaraciones emitidas por Greenalia, considera que esta «paralización» provocará «un importante perjuicio» a la industria de la construcción, que, en la actualidad, según datos de un observatorio de la propia federación, emplea a 80.054 personas y factura 8.617,18 millones de euros.
«Esta situación afectaría a la competitividad de las constructoras que quedarían sin una carga de trabajo importante y además frenaría la creación de nuevos empleos, con su consecuente impacto laboral negativo», incide.
Las cuentas de la patronal
«Estaría hablándose de la paralización de una inversión de unos 2.400 millones de euros y de una afección cercana a los 8.000 empleos a lo largo del periodo 2023-2026, según las estimaciones de la Asociación Eólica de Galicia», añade.
En el resto de las comunidades, el sector de la construcción «contaría con un importante nicho de mercado, regulado y seguro», confronta, en el ámbito de las energías renovables (fotovoltaica y eólica).
Por el contrario, afirman los constructores que en Galicia el tejido industrial se encuentra «con estos problemas que suponen una pérdida fundamental de oportunidades y de carga de trabajo».
La federación ve la situación también «muy lesiva en un momento en el que la Unión Europea urge a sus estados miembro a implantar medidas de eficiencia energética y, precisamente, las energías renovables son esenciales para tratar de frenar el cambio climático».
Reclama por ello «seguridad jurídica» y «eliminar la incertidumbre«, que identifica como «clara enemiga de la inversión y del desarrollo empresarial».