La patronal de Alcoa y Megasa propone multiplicar por ocho las ayudas
Aege estima que las medidas descartadas por el Gobierno ahorrarían 14 euros por megavatio, frente a los 2 euros de mejora que prevén con el actual estatuto
Tratando de resolver un problema, el cierre de las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés, el Gobierno se ha encontrado con otro mayor, el elevado coste de la energía para la industria en España. Empresas como Ferroatlántica o Megasa, además de Alcoa, pagaron la electricidad el año pasado 20 euros por megavatio más cara que la industria francesa y 25 euros más que la alemana. Repercutir estos costes en los ingresos, es decir, en los precios del producto, hace muy difícil competir en el mercado europeo. No repercutirlos, saca de rentabilidad a las fábricas.
Con este dilema sobre la mesa, el Gobierno activó el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, en el que había depositadas tantas esperanzas que acabó por generar una tormenta de decepción cuando se conoció su borrador. La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege), la patronal de Alcoa, Megasa y Ferroatlántica, indica que el ahorro en el precio de las dos medidas que más certidumbre ofrecen del documento –la reducción o exención de pagos por capacidad y la exención de la financiación de la interrumpibilidad—generarían un ahorro inferior a los 2 euros por megavatio, por lo que el diferencial seguiría siendo abismal.
Es por esto que tanto la Xunta como los trabajadores de Alcoa, y también la patronal de grandes consumidores, consideran “insuficientes” las medidas. Tanto, que la multinacional norteamericana alertó de que la planta de aluminio de San Cibrao (Lugo) será inviable y Feijóo metió atribuyó esa misma problemática a Megasa y Ferroatlántica. Sin embargo, evitar esto y equiparar el precio al de los competidores europeos requeriría multiplicar las ayudas.
Desgravaciones fiscales y rebajas en los costes
La propuesta de Aege, en línea con las que en su momento hizo la Xunta –no podía ser de otra forma pues estaban pactadas con las mismas empresas– pretendía elevar el ahorro hasta al menos los 16 euros por megavatio, es decir, ocho veces más que la propuesta recogida en el proyecto de estatuto, según los cálculos de la patronal.
Las dos medidas estrella que propone la industria electrointensiva serían la rebaja de los peajes de acceso, el coste repercutido en la factura del transporte de electricidad; y ventajas fiscales para las empresas. “Estos dos conceptos supondrían un “impacto de 10 y 4 euros/MWh respectivamente, que junto con las que recoge ya el borrador permitirían lograr la armonización de coste del suministro eléctrico. Por tanto, el Estatuto debería recoger otras medidas, aun cuando su efectividad se produzca una vez que se desarrolle la regulación necesaria, tal como prevé para los contratos bilaterales de suministro de electricidad a largo plazo”, dice Aege en su valoración de la propuesta del Gobierno.
El Estatuto del Consumidor Electrointensivo recoge estas propuestas de tipo fiscal, como eximir a la industria de impuestos vinculados a la energía y el medioambiente o de la contribución a financiar los servicios de ajuste del sistema eléctrico, pero para descartarlas por exigir un mayor rango normativo que el decreto ley, por ejemplo, una modificación de la legislación tributaria. Explica incluso que son medidas que se pueden “desarrollar en un futuro” con un “completo desarrollo normativo”.
La industria ingresa menos por interrumpibilidad
El otro déficit que detecta la patronal de Alcoa, Megasa y Ferroatlántica es la compensación de los costes indirectos de CO2, para la que el Ejecutivo dota 76 millones, “claramente inferior a los 200 millones de euros anuales ya autorizados por Bruselas hace unos días”. Lo que se pedía era un calendario claro de pagos y la compensación máxima permitida, pero Alcoa ya se quejó de la incertidumbre que suponía que estas compensaciones quedasen pendientes de los presupuestos.
Aege añade que “el conjunto de medidas recogidas en el borrador supone 112 millones de euros, cantidad inferior a los 150 millones presupuestados en los Presupuestos General del Estado de 2018, que se han prorrogado, para compensar a las industrias electrointensivas. Esta cifra dista mucho de las compensaciones globales que reciben nuestros competidores europeos”.
Pese a todo, quizás porque lleva años alertando de los elevados precios de la energía, Aege valora positivamente el trabajo del Gobierno por suponer el reconocimiento de “un grave problema” que lleva años castigando a sus asociados. Aparentemente, estos eran igual de inviables antes del borrador del estatuto que después de que se presentara, pero los menores ingresos por interrumpibilidad, un descenso del 40% en las primas, y la incertidumbre respecto a las compensaciones de CO2, agravan su situación.
