La patronal carga contra sus expresidentes por fraude y apropiación indebida
El comité ejecutivo plantea llevar a la asamblea de la patronal acciones legales contra sus expresidentes por administración fraudulenta y apropiación indebida
La patronal gallega está al borde del abismo, dividida internamente y, ahora, también con respecto a su pasado más reciente. La convocatoria de asamblea general, que ha sido retrasada y cuya fecha definitiva se abordará en una junta directiva a celebrar este jueves, no solo conlleva la profunda reforma de sus estatutos. También un ejercicio de revisión a la gestión de sus dos expresidentes que puede resultar explosivo.
En el comité ejecutivo celebrado el pasado 30 de octubre, en el que se establecieron las pautas de esa reforma estatutaria y al que no asistieron los presidentes de las patronales de Ourense y Pontevedra, también «se acordó ejercitar las acciones legales oportunas» contra Antonio Diéter Moure por administración fraudulenta y contra José Manuel Fernández Alvariño por apropiación indebida, según fuentes de la patronal presidida por Antón Arias.
La asamblea decidirá
El comité ejecutivo, según las fuentes consultadas por Economía Digital, acordó someter a la asamblea general, a la que previsiblemente se pondrá fecha este jueves, la conveniencia de iniciar acciones judiciales contras los dos expresidentes de la Confederación de Empresarios de Galicia.
En el caso de Fernández Alvariño, los presuntos delitos de apropiación indebida a los que alude ahora la patronal están relacionados con las contrataciones que llevó a cabo de determinados servicios de la confederación a las empresas del grupo del que es propietario. En marzo de 2015 trascendió que el edificio del centro histórico de Santiago, sede de la patronal, estaba asegurado en Riescontrol, filial del grupo familiar del entonces presidente de los empresarios, que también se adjudicó el servicio de chófer y coche oficial de la CEG. El contrato que se llevó la empresa de Alvariño salió a la luz en un momento de enorme tensión interna para la patronal, y finalmente propició su dimisión, en noviembre de ese mismo año.
Los contratos de Dieter
La gestión de Dieter Moure, que sucedió a Fernández Alvariño y salió de la patronal gallega en octubre de 2016 tras nueve meses en el cargo alegando motivos personales, también se someterá a la asamblea general. El comité ejecutivo de octubre, según fuentes de la organización, alude a presuntos delitos de administración fraudulenta del anterior presidente. En concreto, a las modificaciones realizadas en junio de 2016 en el contrato de Fausto Santamaría, secretario general de la CEG, y auténtico superviviente que acabó finalmente en los juzgados tras su salida.
De acuerdo con los documentos a los que ha tenido acceso Economía Digital, las acciones legales que plantea el comité ejecutivo contra Dieter están relacionadas con el blindaje firmado entre el presidente (Dieter) y el secretario general (Santamarina) el 20 de junio de 2016. Fue ese el momento en que la patronal anunció un recorte de entre el 5 y el 30% para su personal, debido a su precaria situación económica.
El blindaje de Santamarina
Las cláusulas incorporadas al contrato del entonces secretario general establecían que, pese a «la reducción salarial, esta no afectará bajo ningún concepto al cálculo de cualquier indemnización que se produzca por finalización de contrato por cualquier causa, incluso voluntaria acordada por usted, que se valorará sobre el importe total de la retribución salarial previa a la reducción que se menciona en el presente escrito», señala el documento.
Dieter fue más allá y plasmó en las nuevas cláusulas del contrato de Santamarina que «ante la remoción de sus funciones como secretario general, podrá optar por la rescisión de su contrato con la indemnización total pactada en el contrato anterior, de fecha de 28 de junio de 2007». «No podrá adoptarse a partir de la firma de este acuerdo ninguna medida que minore sus derechos (…) por ninguna causa laboral o económica», prosigue el documento firmado por ambos. Son estas cláusulas donde el comité ejecutivo de la patronal ve el presunto delito de administración fraudulenta de Dieter que llevará a la asamblea general. Su convocatoria depende de la decisiva junta directiva de este jueves.
