La parálisis de Alu Ibérica: sus emisiones de CO2 se desploman un 99,7% en cinco años
El parón total se instala en la antigua planta de Alcoa en A Coruña, que ha pasado de emitir más de 180.000 toneladas anuales de CO2 a apenas 583 durante su crisis de 2020
Alu Ibérica agudiza su crisis con la sentencia de la Audiencia Nacional que condena a Alcoa a indemnizar o recolocar a los trabajadores de su antigua planta de A Coruña. La multinacional estadounidense anunció a finales de 2018 su intención de cerrar la fábrica de aluminio herculina e iniciar un despido colectivo, un movimiento que finalmente desembocó en el traspaso de la planta a Parter Capital, primero, y a Grupo Industrial Riesgo, después, sin que desde entonces ninguno de sus dos dueños haya logrado llevar sus niveles de actividad hasta registros mínimamente equiparables a los de años atrás.
Los propios datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dan cuenta de la parálisis en la que se encuentra sumida la planta en los últimos años. Su registro de emisiones contaminantes aflora una caída casi total de actividad en la factoría a lo largo de los últimos años.
No en vano, la compañía ha pasado de expulsar 147.892 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera en 2015 (cuando era propiedad de Alcoa) a cerrar 2020 con apenas 583 toneladas en emisiones de este tipo. Se trata un drástico recorte del 99,6% a lo largo de un último lustro que comenzó al alza, pero en el que la factoría se ha ido apagando progresivamente.
El dato que aflora la caída de la actividad de Alcoa
Así, en 2016 salieron un total de 164.559 toneladas de dióxido de carbono de sus instalaciones, una cifra que se elevó hasta las 180.728 toneladas en 2017 y las 182.793 en 2018. Estas cifras se desplomaron hasta las 23.379 toneladas en un 2019 marcado por la venta de la planta a Parter Capital y las apenas 583 toneladas en 2020, en medio de la crisis por el Covid-19 y su traspaso a Grupo Industrial Riesgo.
Del parón de actividad en las antiguas instalaciones de A Coruña da cuenta la propia Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. En la sentencia dictada por la jueza Marta Jaureguízar se constata que “además del incumplimiento del Plan Estratégico acordado con los trabajadores can motivo de la venta de Alcoa al grupo Parter Capital Group, la evolución de la actividad de las fábricas se ha venido reduciendo hasta el momento actual en el que la producci6n se ha reducido al mínimo”.
«La actividad productiva está parada en lo esencial»
“No hay suministro suficiente de material primal, y se retrasa el pago a proveedores de manera sistemática”, continúa la jueza, que recalca que “no se acreditan inversiones por parte de los compradores, que la actividad productiva está parada en lo esencial, que los procesos de reindustrialización y reforma de las plantas se han quedado en el papel pero no se han implementado más que en una mínima parte». Además, según considera probado, los salarios y cotizaciones se abonan con las cantidades entregadas por Alcoa para proveer de capital circulante a las plantas”.
Además, la sentencia también recoge que “en las tres visitas de inspección realizadas al centro de trabajo” en las que se tomó declaración a 46 trabajadores de la empresa “pudo constatarse que los trabajadores carecían de ocupación efectiva en cada una de las visitas de inspección realizadas. Pero no solo eso, sino que de sus declaraciones confirmadas en general por los mandos a quienes también se tomó declaración se deduce también que esa carencia de actividad se ha venido produciendo de manera continuada entre los trabajadores que trabajaban en las series de electrolisis una vez que en febrero de 2019 la empresa tomó la decisión de la patada de las mismas”.
Este drástico parón en la factoría ha provocado que la cantidad de emisiones contaminantes que expulsó la factoría a lo largo de todo el 2020 supongan apenas lo que emitía en aproximadamente una jornada y media efectiva de trabajo entre los años 2015 y 2018.