La otra cara de la pandemia: los concursos de particulares crecieron en Galicia más de un 30%

Los asuntos en trámite en los juzgados y tribunales gallegos a finales de marzo aumentaron un 4% con respecto a las mismas fechas del año pasado, según avanzó el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), José María Gómez y Díaz-Castroverde, en la presentación de la memoria judicial correspondiente a 2020. Pero, además, en la presentación del informe, admitió que está prevista una “avalancha de casos cuando los ERTE dejen de estar en vigor”, por lo que han pedido que se mantengan los refuerzos al tiempo que se elabora un plan de actuación.

Sobre el balance de 2020, la pandemia influyó en su gestión. Los juzgados y tribunales gallegos recibieron 293.692 asuntos, un 11,4% menos que en 2019. Tanto la entrada como la resolución de los casos descendió en todas las jurisdicciones como consecuencia de la crisis sanitaria y la suspensión de los plazos procesales. No obstante, en la memoria publicada destaca el hecho de que si bien los casos tramitados de concursos de empresas descendieron, al pasar de 319 a 285, un 10,7% menos, no ocurrió lo mismo con los casos que atañen a particulares. “Con respecto a los concursos de las personas naturales no empresarias, que desde la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que entró en vigor el 1 de octubre de 2015 corresponden a los juzgados de primera instancia e instrucción, se presentaron en Galicia 301 casos, frente a los 227 del mismo periodo del año anterior, un 32,6% más)”, se destaca en la memoria del TSXG.

Crecen los concursos de autónomos

En este tipo de procesos concursales, el concepto de persona natural incluye, por un lado, a autónomos o empresarios, cuyos pagos pendientes acostumbran a ser de carácter empresarial, o a los particulares, cuyo endeudamiento proviene mayoritariamente del ámbito personal o privado y está relacionado, por ejemplo, con deudas bancarias.

El dato se hace público unos días después de que el Consejo General de Economistas de España (CGE) advirtiese del aumento de los concursos de acreedores entre autónomos y pymes a pesar de la moratoria concursal.

Ejecuciones hipotecarias y lanzamientos

Por otro lado, y en lo que se refiere al ámbito económico, la memoria del TSXG también indica que el año de la pandemia “las demandas de ejecuciones hipotecarias presentadas en Galicia prácticamente se mantuvieron con respecto al año anterior”. En concreto, se iniciaron 772 procedimientos de este tipo, un 1,8% más que en 2019. En el conjunto del Estado, aumentado un 17,5% tras siete años consecutivos de descenso.

También descendieron de forma notable los lanzamientos. Los juzgados gallegos practicaron el año pasado 1.398, de los que el 82,2% fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, por impagos de alquiler. Otros 206 correspondieron a ejecuciones hipotecarias y los 42 restantes obedecieron a otras causas. “En comparación con el mismo periodo del año pasado, el número de lanzamientos en la comunidad experimentó un descenso del 38,4%, al pasar de 2.271 a 1.398. En el conjunto del Estado disminuyeron un 45,6% respecto al año anterior”, indica el documento.

El año pasado los juzgados especializados en cláusulas suelo ingresaron 3.469 asuntos (un 7,8% menos); resolvieron 4.215 (un 10,7% menos); y dejaron en trámite 6.835 (un 9,8 % menos). Los órganos judiciales dictaron, en estos procedimientos, 3.808 sentencias, de las cuales fueron estimatorias el 97,5%.

Ocupaciones: 94 demandas

También disminuyeron las demandas por ocupaciones ilegales de vivienda. Los juzgados de la comunidad “recibieron 94 demandas por ocupación ilegal de viviendas en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social. En 2019 registraron 145, lo que supone que experimentaron un descenso interanual del 35,2%”, exponen.

“En cuanto a los expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativos a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), en la comunidad gallega se contabilizaron 45 el año pasado, un 21,6% más que en 2019, cuando se registraron 37. En los juzgados de lo social se interpusieron 5.461 demandas por despido, lo que supone un descenso interanual del 3%, pues en 2019 se registraron 5.628”, indica la memoria judicial.