Un tren de Renfe en circulación.
¿Se imaginan que un Estado privatiza una empresa estratégica para entregarla al gobierno de otro país, o que liberaliza un sector para que empresas públicas ajenas entren a por el botín? Este Estado se llama España y va sobrado de ejemplos de este tipo. Desde Endesa a, el último caso, la liberalización del AVE, que dejará una parte importante de las rutas en manos de los gobiernos francés e italiano.
Por imperativo de la Comisión Europea, España separó el gestor de la infraestructura ferroviaria del operador del servicio del transporte. Es decir, el dueño de las vías y las estaciones y el dueño de los trenes. Adif y Renfe, dos empresas públicas dependientes de un mismo ministerio, el de Fomento, que siguió teniendo el control del sector y de una red que era la envidia de medio mundo.
También siguiendo la voz de Bruselas, se liberalizó el transporte de mercancías por tren y este 2020 está prevista la del transporte de pasajeros en lo que a la alta velocidad se refiere. Renfe tendrá que ceder parte del pastel para la entrada del sector privado. La mayor competencia debe favorecer a los clientes; así se entienden las liberalizaciones, como la del sector eléctrico, que se produjo hace unos años.
Adif, que desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno está presidida por Isabel Pardo de Vera, troceó en tres paquetes la oferta del AVE a repartir. Cada paquete tiene frecuencias de tres corredores: Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia-Alicante y Madrid-Sevilla-Málaga. Renfe se quedó con el mayor y los otros dos fueron para Ilsa y SNCF.
Al margen de si se logra el objetivo de incrementar la competencia y, por tanto, bajar los precios —queda por ver qué horarios tiene cada una y si realmente Renfe tiene competencia real por número de rutas y horarios—, llama la atención otro fenómeno en la adjudicación del servicio del AVE: ninguna ruta quedará, de momento —puede haber una segunda ronda de adjudicaciones— en manos exclusivamente privadas.
Francia e Italia entran en el AVE español
Si el mayor lote lo seguirá gestionando la empresa pública española Renfe, el segundo quedará en manos de un consorcio formado por Air Nostrum y, como socio industrial, Trenitalia, la empresa de transporte ferroviario pública italiana. De la Renfe italiana a la Renfe francesa: el tercer lote se lo ha llevado SNCF, otra empresa pública controlada, en este caso, desde el Eliseo.
No es que sea ni bueno ni malo que el gestor sea público o privado —hay opiniones para todos los gustos—. Lo curioso es que España cede poder en pro del libre mercado para que lleguen dos empresas públicas, se presenten al concurso y como tienen más recursos y experiencia que sus competidores privados, se hagan con las rutas.
Cuando se trata de una infraestructura y un servicio estratégico, los estados suelen hilar muy fino con respecto a qué porción del pastel ceden. Por ello en Francia es muy difícil entrar, mientras que su empresa monopolística sí que lo hará en España. El Gobierno no ha dudado en confiar en empresas públicas de otros países aunque estén gestionadas con otras prioridades, de acuerdo a sus intereses de país.
No es que los trenes vayan a salir a su hora o no en función de si a Emmanuel Macron o a Giuseppe Conte —o el primer ministro del momento— les interesa. Eso sería simplificar. Pero sí que pueden decidir invertir en un mejor servicio, o no hacerlo, en función de intereses que pueden estar muy alejados del negocio en si en España. Con Renfe, a priori, no hay dudas, aunque alguno de sus inventos, como el AV City, tiene muchas sombras.
Este no es el único problema de la liberalización del AVE. Otro es que ni Renfe ni Ilsa han cubierto toda la oferta, por lo que se lanzará un segundo concurso antes del 15 de mayo para adjudicar las rutas pendientes. Habrá que ver si se presentan otras empresas. Algunas lo están estudiando, como Ecorail, pero no tienen claro que valga la pena.
El error de Endesa
España ha dado ya muestras en el pasado de errores de cálculo en sus pasos hacia un modelo económico más liberal. En plena fiebre privatizadora, Endesa terminó en manos privadas. Pero una opa de Gas Natural dio lugar a una situación que destapó las vergüenzas de más de uno. Con la Constitución española en la mano, Manuel Pizarro, por aquel entonces presidente de Endesa, defendió que no se podía vender la compañía. El PP, el partido ahora de Pizarro, que tenía mano en Endesa a través de Caja Madrid, le apoyó, con Esperanza Aguirre como gran aliada.
Supuestos liberales como la propia Aguirre demostraron que a la hora de la verdad no lo eran tanto. Pero la solución fue el peor de los remedios. El gigante alemán E.On presentó una contraopa pero no convencía y el gobierno de Zapatero logró que una empresa española diera el paso. Fue Acciona, que iba acompañada de un socio, la empresa pública italiana Enel.
La oferta conjunta de Enel y Acciona triunfó pero la empresa de los Entrecanales no tardó en abandonar Endesa, dejando todo el poder al gigante público italiano. Bajo el mando de Enel, con Borja Prado como presidente, Endesa empezó a maximizar el dividendo, con un pay out del 100%, endeudando la empresa española y despojándola de las renovables y del negocio en Latinoamérica, que vendió a la propia Enel.
