La lenta agonía de la Fábrica de Armas
Hércules de Armamento, la concesionaria de la Fábrica de Armas, lleva tres años sumando deudas, pleitos y sin apenas actividad
En la Fábrica de Armas de A Coruña reina una tensa calma. Hace tres años, el Ministerio de Defensa estuvo a punto de consumar el cierre definitivo del complejo de Pedralonga. Sin embargo, la aparición de dos proyectos le hizo cambiar de opinión. Desde entonces, lo único que ha pasado en esas instalaciones es el tiempo. No hay actividad ni ingresos para mantener la concesión, por lo que el departamento que dirige María Dolores de Cospedal se ve en la difícil tesitura de tener que plantear de nuevo esa posibilidad; la del cierre definitivo.
En su día, la fábrica albergó a cientos de trabajadores de General Dynamics Santa Bárbara Sistemas. Hoy, sin embargo, no son más de una decena los empleados de Hércules de Armamento, la concesionaria, que se acercan a cumplir con su jornada laboral. Son los pocos que quedan de los 155 que llegó a tener el día de su primer aniversario para cumplir con el compromiso que había asumido con Defensa.
Deudas por doquier
La falta de previsión de la dirección, que en los meses anteriores había librado su propia batalla interna, provocó que muchos de esos trabajadores decidiesen abandonar el proyecto. Los que se quedaron, lo hicieron exponiéndose a no cobrar, como así fue. Las denuncias por impagos comenzaron a sucederse y la deuda con la Seguridad Social avanzaba a un ritmo casi exponencial, que comprometía si cabe más la delicada situación de la empresa. En la actualidad, dicha deuda supera los 5 millones de euros, mientras que la facturación de la compañía en este período ni siquiera alcanza los cien mil euros.
El de la plantilla fue el primer incumplimiento –debía mantener a los 155 trabajadores durante tres años con contratos indefinidos–, pero no el único. En las instalaciones no se fabricaban armas de fuego, como establecía el pliego. Solo por este motivo, Defensa ya tenía el argumento para retirarle la concesión, de acuerdo a las condiciones especiales de ejecución que señala el artículo 19 de dicho pliego. El otro motivo que puede llevar a este extremo es que no se abone el canon en los plazos establecidos, que es lo que ha acontecido estos días.
El hecho de no pagar el canon es causa inmediata de retirada de la concesión
Defensa reconocía a este medio el incumplimiento de la obligación de pago por parte de la empresa que dirije Ramón Mejuto, y señalaba que estaba «preparando la documentación necesaria para la ejecución de la cantidad que aún resta de los avales bancarios que el concesionario constituyó cuando se le adjudicó la concesión». Pero en esos avales ya no queda cantidad alguna, ya que la concesionaria no abonó ni la segunda ni la tercera anualidad, por lo que el ministerio se vio en la obligación de ejecutarlos.
Sin plan B
A pesar de los numerosos incumplimientos, Defensa no ha sabido o no ha querido reaccionar. Quizá haya tenido que ver el hecho de que Mejuto prometió en más de una ocasión la llegada de un socio inversor que arreglaría el desaguisado, pero a pesar de que hubo contactos con empresas que estuvieron a punto de certificar su desemabarco, nunca se llegó a producir.
Ante este panorama, al ministerio no le queda más remedio que dar la cara y activar el mecanismo para extinguir la concesión, o esperar a que ocurra un milagro y la empresa sea capaz de conseguir los más de 200.000 euros que debe abonar a Defensa, aunque los plazos ya han vencido y las excusas también parecen haberse agotado.
