La Justicia libra a la Xunta de las compensaciones millonarias a Audasa por los peajes suprimidos
El TSXG dictamina que es el Gobierno central y no la Xunta quien debe compensar a Audasa con casi 16 millones de euros por la guerra con los pajes en sombra en Rande y A Barcala
Imagen de archivo del puente de Rande / Europa Press
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) endosa al Gobierno las indemnizaciones a Audasa por los denominados peajes en sombra. La Justicia ha rechazado la solicitud del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que fuese la Xunta la que abonase estas compensaciones por valor de 15,6 millones de euros por la gratuidad de los tramos de Rande (Vigo) y A Barcala (A Coruña).
El origen de la disputa se remonta al año 2006. Fue por aquel entonces cuando se acordó la gratuidad de estos pagos a cambio de unas compensaciones a la concesionaria de la AP-9. Sin embargo, en el año 2017 el Gobierno por aquel entonces presidido por Mariano Rajoy modificó el sistema de cálculo de estas indemnizaciones tras el fuerte incremento del número de usuarios por estos tramos.
El Tribunal Supremo dictaminó en 2020 que Audasa debía ser indemnizada por los perjuicios generados con este nuevo sistema de retribución. El Alto Tribunal obligó al Estado abonarle a la compañía la diferencia entre lo que hubiera percibido con arreglo al sistema de retribución fijado en 2006 y lo que le había sido satisfecho de acuerdo al Real Decreto de 2017.
Las razones del TSXG
Tras este golpe judicial, el Estado acudió a los tribunales para que fuese la Xunta la que abordase estas compensaciones, una petición ante la que el TSXG asegura que «no es procedente». “La sentencia del Tribunal Supremo no impone condena alguna a la Xunta y, por ello, la propia ejecutante, Audasa, insta la ejecución frente a la Administración del Estado, por así disponerlo la sentencia”, explica el alto tribunal gallego en la resolución. Además, incide en que “estamos ante un requerimiento que efectúa la Administración General del Estado a la Xunta para que ejecute la sentencia del Supremo en la que la Xunta no ha resultado condenada”.
En este sentido, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG pone el foco en el hecho de que el Estado reclama ese dinero cuando “todavía no ha pagado a Audasa”, tal y como ordenó el Supremo. “La Administración General del Estado justifica su incumplimiento en que parte de las cantidades reclamadas eran debidas por la Xunta, causa obstativa de pago que fue rechazada por el Tribunal Supremo en un auto de 14 de octubre de 2021”, destaca el alto tribunal gallego, al tiempo que indica que, “en ningún caso”, podría “atenderse a la cantidad reclamada por la Administración General del Estado”.
