La Justicia desmonta las tesis de Ence y dice que hay ubicación alternativa

La Audiencia Nacional asestó este viernes un duro varapalo a Ence en forma de sentencia, ya que aceptó los recursos de Greenpeace y del Ayuntamiento de Pontevedra en contra de la prórroga de la concesión de la pastera en la ría de Pontevedra hasta 2073. El fallo no solo cercena la pretensión de la compañía de Ignacio de Colmenares y de la propia Xunta de Galicia de garantizar la pervivencia de la compañía en el enclave de Lourizán. También desmonta las tesis defendidas tanto por la cotizada como por el Gobierno gallego de que no existe una ubicación alternativa, motivo que justificaría que la pastera pudiese perpetuarse en esta localización.

La sentencia, fechada el pasado 15 de julio, declara que “no ha lugar” a la prórroga de la concesión que se le otorgó a la compañía en tiempos de Mariano Rajoy al frente del Gobierno. Entre otras cuestiones, la sala considera que la resolución de 20 de enero de 2016 de la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por delegación de la ministra, no justifica, como exige la Ley de Costas, que la papelera, por su naturaleza, «no pueda tener otra ubicación«.

Esta es una de las claves de la sentencia. Si bien tanto Ence como la propia Xunta aseguran que el único emplazamiento posible para la compañía en Galicia es el actual, la Justicia comprende que este hecho no se ha justificado debidamente.

En los fundamentos del fallo al recurso presentado por el Ayuntamiento de Pontevedra, el tribunal explica que, en virtud del artículo 32.1 de la Ley de Costas se debe justificar que las instalaciones cuya prórroga se acuerda por su naturaleza “no pueden tener otra ubicación”.

Proximidades de ríos y masas de agua

La Audiencia indica que de acuerdo con la prueba pericial practicada en mayo de 2017 se desprende que el agua dulce, en un determinado volumen, es un recurso necesario e imprescindible para el proceso productivo de las plantas de pasta de papel Kraft con blanqueo, como la de Ence Pontevedra, así como la proximidad a recursos hídricos (agua salada o dulce) para la evacuación del vertido. Eso queda acreditado, «pero no que dichas plantas por su naturaleza o configuración, tengan que ubicarse en el dominio público marítimo terrestre, que es lo que exige el artículo 32.1 de la Ley de Costas«. “Pueden situarse e las proximidades, pero fuera de dicho demaneo costero, en las proximidades de los ríos o de grandes masas de agua”, apunta.

La Audiencia Nacional, de hecho, alude en la sentencia a la que ha tenido acceso este medio a las experiencias de otras fábricas de celulosa, como las Torraspapel en Zaragoza y Papelera Guipuzcoana de Ziguñaga. Estas, según el fallo del tribunal, se sitúan junto a ríos en los que evacuan el efluente. También pone como ejemplo la propia planta del grupo Ence en Navia. Según los peritos, es equiparable con la de Pontevedra pero, aunque se sitúa próxima, esta «fuera del demanio costero».

Sostiene el tribunal que Ence «no ha podido aportar documentación o concesión que acredite su ubicación sobre el dominio costero».

Búsqueda de alternativas

Por el momento, Ence ya ha comunicado que recurrirá la decisión ante el Supremo, asegurando que, en juego, están más de 5.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos en la zona de Pontevedra. En semanas anteriores, ya había asegurado que tanto As Pontes, como Teo o Meirama, ubicaciones que están sobre la mesa, no cumplen los requisitos necesarios para acoger la pastera.

El fallo judicial también ha desatado una guerra política. El PP de Alberto Núñez Feijóo ha cargado contra el Gobierno central, el PSOE y el BNG ya que, a su juicio, están yendo en contra de la ciudadanía y el empleo al apoyar y promover este proceso. Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica ha señalado que el propio Gobierno gallego, «como responsable de la gestión del territorio», «puede y debe ser capaz de proponer alternativas para un posible traslado» de Ence fuera de la ría de Pontevedra.