La justicia cierra la puerta al creador de Pocoyó

La justicia da portazo a las reclamaciones del creador de Pocoyó. La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de apelación que José María Castillejo interpuso para seguir denunciando que el actual presidente de Zinkia, Miguel Valladares, y otras personas fueron “actores y colaboradores necesarios” de un presunto delito de estafa que urdieron para arrebatarle la compañía. La resolución no es absolutamente firme, dado que Castillejo todavía puede recurrir a instancias superiores para que se esclarezca el caso.

Tal y como reza el auto al que ha tenido acceso Economía Digital, practicadas diversas diligencias se “descarta que se haya acreditado la realización de delito alguno”, sino que lo expuesto por Castillejo responde a “cuestiones de naturaleza mercantil, algunas resueltas en dicho ámbito e incluso alguna pendiente en otros órganos judiciales”.

Al respecto de esta última afirmación, Castillejo impugnó el pasado junio –a través de una denuncia admitida a trámite por la vía mercantil– la junta general de accionistas de 2016. La celebración de dicha junta concluyó con la expulsión del fundador del dibujo animado del consejo de administración y, consecuentemente, con el nombramiento del empresario mexicano Miguel Valladares como máximo responsable.

El auto descarta que se haya cometido algún delito, pero la vía mercantil sigue abierta

Todo se fundamenta en el cambio de manos que se produjo después de que Valladares ejecutara un préstamo que equivalía aproximadamente a un 30% de las acciones de Zinkia. El español, alega que permitió que el azteca financiara a la empresa que controlaba la mayor parte de la participación de Zinkia, Jomaca 98.

Siguiendo la versión de Castillejo, el empresario explica que permitió la financiación de Jomaca creyendo que Valladares quería ayudarle a sanear la sociedad. No obstante, con el tiempo se dio cuenta de que la verdadera intención era hacerse con el control de la compañía.

Pruebas insuficientes

El dossier y casi un centenar de documentos en los que Castillejo argumenta todos los sucesos que le llevaron a personarse en la UDEF, han sido insuficientes para el tribunal. Así, los tres magistrados que analizan el recurso no ven que los presuntos delitos que se exponen estén demostrados. 

En la información aportada ante la policía, el español señala, entre otros, los aspectos formales de la subasta, donde se sacaron acciones con un título identificativo (código ISIN) que no se correspondía con el de Zinkia, así como los errores en el nombre de la compañía al que hacía referencia en la licitación. 

Castillejó advirtió a Bankinter de los defectos en la subasta

La justicia tampoco ve irregularidad en la actitud de Bankinter –demandada también por Castillejo– que obvió las advertencias del empresario. El conde de Floridablanca, consciente de que Valladares acudiría a la entidad a reclamar las acciones, comunicó al banco los defectos mencionados de la subasta. Algo que, para él, anulaba la legitimidad de la solicitud y de las futuras actuaciones que se derivaron.

Una apelación que se vuelve en contra

El auto de la sección número dos de la Audiencia Provincial de Madrid tumba las alegaciones de Castillejo con mucha dureza. Así, la providencia califica que “estamos en una acción penal que puede calificarse de temeraria, al configurar una supuesta trama de hasta once personas de profesiones y actividades distintas”. Algo que, en suma, para los magistrados resulta “como poco, difamatorio”.

Por último, llama la atención que la sala entienda que Castillejo ha presentado este recurso por la frustración generada por la maltrecha situación económica de sus empresas. «Lo que no se puede pretender es acusar a todo el que haya tenido algo que ver con los negocios del apelante, achacándoles delitos por no haberle salido las cosas como él deseaba», asevera el documento.