La justicia argentina pide un ‘forensic’ a las autopistas de Copasa
Un tribunal exige al Gobierno argentino la documentación sobre los contratos para la construcción de seis autopistas, de las que Copasa se adjudicó dos
La justicia argentina pone la lupa sobre el contrato estrella de Copasa en el país sudamericano. La Sala 1 de la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal ha exigido al Ministerio de Transporte que aporte documentación sobre la concesión de las seis autopistas licitadas a mediados del año pasado bajo la fórmula de participación público-privada (PPP).
Dos de estos viales fueron adjudicados al consorcio conformado por la propia Copasa en alianza con las argentinas Helport, Panedile y Eleprint por un importe cercano a los 2.500 millones de dólares (unos 2.300 millones de euros al cambio actual). Con las obras paralizadas por las estrecheces presupuestarias de argentina, la Justicia del país exige ahora a la Dirección Nacional de Vialidad (el organismo dependiende del Ministerio de Fomento) que le remita todas las ofertas presentadas por los grupos que pujaron por estos macrocontratos.
El fallo judicial
El fallo judicial se produce después de que el diputado peronista José Luis Gioja arremetiese contra el Gobierno de Mauricio Macri por negarse a aportar esta documentación en sede parlamentaria. La información «sobre el monto en dólares y/o pesos de cada uno de los ítems o rubros de cada uno de los contratos adjudicados (…) no fue suficientemente facilitada», asegura el fallo judicial.
«Aún en el supuesto de que los datos que solicita el actor no existieren con el detalle y exactitud que pretende, considero que tener a la vista los documentos aportados por las empresas adjudicatarias podría resultar útil a los fines de conocer la forma en la que la Dirección Nacional de Vialidad contrató bajo la modalidad de contratos de participación público privada», añade el texto.
De obra estrella a arma arrojadiza
Copasa se adjudicó, junto a sus tres socios locales, la construcción de un total de 463 kilómetros de carreteras de alta velocidad en Argentina en un contrato que lleva aparejada la concesión de sus peajes durante un periodo de 15 años.
El objetivo era que el 70% de las obras se hubiesen completado antre los años 2019 y 2020. Sin embargo, la realidad es bien diferente. Las dificultades económicas que atraviesa el país han provocado que la financiación llegue a cuentagotas y que las obras permanezcan prácticamente paralizadas.
Esta situación ha llevado a una guerra de reproches en el propio parlamento argentino durante los meses previos a las elecciones presidenciales del pasado 27 de octubre, que se saldaron con la victoria del kirchnerista Alberto Fernández. Diputados del Frente para la Victoria (rebautizado como Frente para Todos en la coalición capitaneada por el nuevo presidente del Gobierno llegaron a solicitar a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de Contratos de Participación Público-Privada que citase a funcionarios y que presente informes para conocer los avances y el estado actual de cada uno de los seis viales licitados el año pasado.
El Gobierno de Macri también decidió mover ficha y responsabilizó de los retrasos a las diez constructoras que se adjudicaron las obras de estos seis viales y amenazó con la posibilidad de aplicar sanciones, aunque, por el momento, no se han materializado.
