La jueza retira a Riesgo la gestión de Alu Ibérica y nombra nuevos administradores
La jueza María Tardón decreta la intervención judicial de las plantas de la compañía en A Coruña y Avilés por seis meses mientras continúa con la investigación
Protesta de los empleados de Alu Ibérica A Coruña. Cabalar / EFE
Nuevo giro en Alu Ibérica. La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, ha decretado la intervención judicial de las plantas de la compañía en A Coruña y Avilés tras la investigación abierta en torno a la presunta “despatrimonialización fraudulenta” de la empresa.
En su auto, la magistrada acuerda la designación de varios funcionarios de la Intervención General de Estado y de la Intervención General de la Seguridad Social como administradores judiciales de la sociedad. Estos ejercerán su cargo durante un periodo de seis años y todas las operaciones de las sociedades Iberian Green Aluminium Company (antigua System Capital Management), Alu Holding LC Spain filial que controla la planta de A Coruña), Alu Holding AVL 2019 Spain (con la que articula su inversión en Avilés) que superen los 20.000 euros de importe necesitarán contar con la autorización del interventor.
La medida cautelar se toma a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y después de haberse detectado un desfase millonario entre lo que el fondo Parter pagó a Alcoa (un euro) para hacerse con estas plantas y lo que el Grupo Industrial Riesgo abonó posteriormente al fondo suizo (13 millones de euros) unos meses después y en plena pandemia. «El importe establecido fue satisfecho por la compradora con fondos procedentes de los préstamos que los propios centros de producción le concedieron a instancias de la sociedad suiza que, como administradora única, otorgó a la compradora con carácter previo a la venta», recoge el auto. La jueza también subraya la «descapitalización» de la compañía, que provoca una «imposibilidad de reflotar» las plantas.
Registros y detenciones
De esta forma, la jueza aparta al Grupo Industrial Riesgo de la gestión de las plantas tras la investigación que se abrió después de que la Confederación de Cuadros Profesionales presentase una querella por presuntos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, delito contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal.
En el marco de esta investigación, los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) entraron en las factorías de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés, en un proceso que se saldó con las detenciones de Víctor Rubén Domenech, Alexandra Camacho, Luis Losada Gómez y Diego Peris tras el registro de las plantas, así como de varias oficinas en Madrid, Málaga y Castellón.
