La Audiencia Nacional reabre la causa contra Alcoa por la crisis en Alu Ibérica
La Audiencia Nacional ha revocado el sobreseimiento provisional de la causa contra Alcoa que la jueza decretó tras el acuerdo entre multinacional y sindicatos al entender que el movimiento fue "prematuro"
Roy Harvey, presidente y CEO de Alcoa
Nuevo frente para Alcoa. La sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha revocado el sobreseimiento provisional acordado en junio por la titular del juzgado central de Instrucción número 3, María Tardón, de la causa contra Alcoa y sus directivos Kai Rune Heggland, Álvaro Dorado Baselga, Ignacio León Moro y Christine Keener.
A través de un auto, desde la Audiencia Nacional advierten que este movimiento fue «prematuro» y que aún restan diligencias por practicar, tal y como sostenía el Ministerio Fiscal.
El sobreseimiento provisional se produjo poco después de la firma del acuerdo transaccional global entre la dirección de Alcoa y sus trabajadores, que suponía la retirada de la querella presentada por la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) por un supuesto delito de estafa agravada, insolvencia punible y apropiación indebida. A cambio, los trabajadores recibirían una indemnización de 60 días por año trabajado sin límite de años hasta julio de 2021, más 10.000 euros lineales a cada uno.
El pago de estas cantidades se encuentra ahora mismo bloqueado ante los recursos presentados por trabajadores excedentes de Alu Ibérica. Será el Tribunal Supremo el que tenga la última palabra sobre estas indemnizaciones que ascendían a unos 120.000 euros de media entre casi 250 trabajadores.
La secuencia del caso
Tras el acuerdo entre Alcoa y los sindicatos, sí se mantuvo abierta, por el contrario, la querella contra Alu Ibérica AVL, Alu Ibérica LC, el fondo suizo Parter y Grupo Industrial Riesgo. En mayo de 2019, en el marco de las negociaciones para la venta de las plantas de Avilés y A Coruña, Alcoa presentó un informe que indicaba que tanto el fondo de inversión Parter como el Grupo Industria Riesgo se encontraban en fase de auditoría o «due diligence».
Uno de los querellados, Víctor Rubén Domenech, se postuló como Grupo Industria Riesgo, denominación supuestamente sin personalidad jurídica hasta que se constituyó una sociedad con un capital social de 3.000 euros.
No obstante, Alcoa rechazó a Domenech y optó por el fondo suizo Parter, tras lo cual las compañías cambiaron su denominación social a Alu Ibérica; sobre esta operación, los querellantes afirman que se planeó el pase de las plantas de Alcoa a Parter «para finalmente trasladar su titularidad al inexistente Grupo Industrial Riesgo» de Domenech.
A tenor de la querella, los investigados «nunca tuvieron intención de aplicar el plan industrial comprometido ante los trabajadores, condenando a las empresas a su desaparición».
Es más, recalca, «el plan era una mera pantalla a fin de aparentar la bondad del negocio y la continuidad del empleo, impidiendo la adquisición de las plantas por otras empresas solventes presentadas por el Ministerio de Industria en el primer semestre de 2019 pero competidoras de Alcoa».
En junio de 2021, la Audiencia Nacional condenó a la multinacional estadounidense Alcoa a cumplir con las condiciones en materia de extinción de contratos y recolocaciones de los trabajadores de las plantas de Avilés (Asturias) y A Coruña que pactó con los sindicatos a raíz de la venta de estas instalaciones.
