La jueza lo tiene claro: Riesgo puso a un «testaferro» al frente de la sociedad que gestiona Alu Ibérica

La jueza de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional da por probado que uno de los cuatro directivos de Riesgo detenidos en marzo es en realidad un "testaferro" de Víctor Rubén Domenech

Concentración trabajadores de Alu Ibérica. EFE/Cabalar

Concentración trabajadores de Alu Ibérica. EFE/Cabalar

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Más curvas para Grupo Industrial Riesgo en sus aspiraciones por retener el control de Alu Ibérica. La jueza de la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Carolina Rius, estrecha el cerco sobre los dueños de las antiguas plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés tras poner en la diana la figura de su «testaferro».

A través de un auto de finales de mayo, la jueza desestima el recurso presentado por las sociedades Alu Ibérica LC y Alu Ibérica AVL (controladas por el Grupo Industrial Riesgo) para levantar la intervención judicial de las factorías. El Grupo Industrial Riesgo alegaba que estaba sufriendo «daños reputacionales» por esta medida y, además, se veía perjudicada por una operación en la que, según ellos, no participaron.

«Señala que una transacción entre Alcoa Inespal y Blue Motion Technologies (Parter Capital) por un dólar es indiciario de la comisión de un delito, y sin embargo es Alu Ibérica AVL y Alu Ibérica LC sobre quien recae la medida cautelar [la intervención judicial]», recoge el auto. Contra estos argumentos se posiciona la jueza. Esta considera que el mero hecho de Grupo Industrial Riesgo tenga colocado a un «testaferro» a través de la sociedad que controla Alu Ibérica podría ser motivo, incluso, para apartar a sus actuales administradores.

Un testaferro que cobra 3.300 euros al mes

Y es que la magistrada asegura que de la ronda de declaraciones que se efectuó a los cuatro responsables de Alu Ibérica que fueron detenidos el pasado mes de marzo «claramente se infiere que Luis Losada es un mero testaferro» del también investigado Víctor Rubén Domenech. Luis Losada figura como administrador único de la sociedad Iberian Green Aluminium Company, a través de la cual el Grupo Industrial Riesgo canaliza su inversión en Alu Ibérica. Según relata la jueza, Domenech le propuso figurar como máximo responsable de esta firma «a cambio de percibir una retribución de 800 euros mensuales», a los que se suman los otros 2.500 euros por hacerse también administrador único de Alu Ibérica LC y Alu Ibérica AVL.

En su declaración tras ser detenido, Luis Losada, máximo responsable junto a otro detenido (Diego Peris) de la mercantil inglesa Vecodrom Consulting, aseguró que desconocía el «alcance de constar como administrador de estas sociedades, así como de todos los documentos firmados en tal concepto». Además, reconocía que accedió a estos cargos «a causa de su mala situación económica» y que facilitó sus claves personales a Alexandra Camacho (otra de las directivas detenidas) para que pudiese realizar gestiones en su nombre.

Es por ello que la jueza considera justificada la intervención judicial de Alu Ibérica porque, de lo contrario, «la gestión de las plantas de aluminio estaría en manos del querellado e investigado Víctor Rubén Domenech, quien ha buscado positivamente ocultar su verdadero papel de máximo responsable en la dirección de las empresas Alu Ibérica, mediante la designación como administrador de un simple testaferro».

¿De la intervención a la administración judicial?

Además, a escasos días de que, según la previsión de los sindicatos, la Justicia decida sobre si pasa de la intervención a la administración judicial, la titular de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional expresa los pros y los contras de la medida. A su juicio, la sustitución de los actuales administradores, algo que el comité de empresa reclama porque «la planta no puede seguir en esta situación por más tiempo», sería una medida «proporcionada a la gravedad de la conducta investigada y a los indicios existentes de su comisión».

Peso este movimiento levanta, según la jueza Carolina Rius, el temor a «los efectos que una medida tan drástica pudiera
tener sobre la continuidad de las empresas y los puestos de trabajo, sobre todo teniendo en cuenta el vacío de
poder y la confusión que se podría generar en los momentos iniciales de aplicación de la medida». En este sentido, el informe de los interventores será clave para inclinar la balanza de uno u otro lado en el futuro más inmediato de Alu Ibérica.

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