La jueza cree a Adif: San José infló las obras del AVE por 6 millones
La Titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia acusa a San José de integrar una trama para desviar dinero público de las obras del AVE a Murcia
La Justicia acorrala a la constructora gallega San José por las obras del AVE a Murcia. La titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Murcia, Olga Reverte Villar, considera que la firma gallega participaba en una “presunta trama” que tendría por objetivo “el desvío de fondos públicos con fines espurios”. Facturas infladas, costes sin justificar y contratos troceados que salpican a ocho constructoras (la propia San José, Acciona, Dragados, Sacyr, Tecsa, Neopul, Villegas y Hormigones Martínez) y que, según la jueza, habrían causado un quebranto de 23 millones de euros al gestor de infraestructuras, Adif.
De esta cantidad -que es inferior a los 35 millones de euros que Adif calculaba en un primer momento-, casi una cuarta parte correspondería al grupo presidido por Jacinto Rey. Y es que la jueza Olga Reverte da por buenos los argumentos de Adif y calcula que San José habría causado un quebranto de 6,32 millones de euros al gestor de infraestructuras a través de costes sin justificar y de facturas infladas. Es casi un millón de euros de desvío de fondos por cada uno de los 7,9 kilómetros de longitud de esta obra. Tan solo la constructora Sacyr habría desviado presuntamente más fondos públicos: 12,74 millones de euros, según concluye la jueza en el auto.
El regadío, en el centro de la trama
En el auto con el que pone fin a la fase de instrucción del caso, la titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Murcia sitúa a la pequeña constructora murciana, Obras Marimar, en el centro de la diana. A través “de operaciones presuntamente ficticias (…) habría permitido y dado cobertura a una presunta desviación de fondos públicos, dando apariencia de realidad a unos trabajos que no habrían tenido lugar y que se habrían trasladado a las facturas expedidas por los [ocho] contratistas”. Entre ellos San José.
La firma gallega habría subcontratado a esta firma para realizar unos encargos valorados en 2,76 millones de euros para ejecutar unas obras de retranqueo de infraestructuras de riegos que ahora se encuentran bajo la lupa de la justicia. “El importe de gasto facturado por esta mercantil correspondiente a operaciones presuntamente ficticias imputable a Constructora San José asciende a 2,44 millones de euros”, concluye la jueza en el auto. Economía Digital ha intentado ponerse en contacto con representantes de San José y Adif para conocer su versión de los hechos sin obtener respuesta.
Contratos troceados
Entre las obras sí realizadas, la Justicia aprecia un desfase entre la fecha de finalización de las obras y la expedición de las facturas. “En el caso de la Constructora San José esa desviación supera los dos años”, según recoge el auto.
Además, parte de sus expedientes de gasto habrían sido troceados para esquivar un mayor control del regulador. “Se han fraccionado las reposiciones en diversos expedientes de gasto”, asegura la jueza Olga Reverte, en una maniobra que tendría por objetivo rebajar su importe por debajo de los seis millones de euros para evitar que su aprobación dependiese de todo el Consejo de Administración de Adif. Al ser menores que este importe, bastaba con la simple firma del presidente del gestor de infraestructuras a instancias de alguno de los cuatro exdirectivos de Adif que también han sido procesados al entender la jueza que esta trama no habría salido adelante “sin su consentimiento”.
