La “histórica” sentencia contra Audasa eleva la presión sobre Fomento

“Histórica”. Así es como las asociaciones de usuarios califican la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra dada a conocer este lunes que estima de forma parcial la demanda interpuesta por el Ministerio Fiscal contra Audasa, la concesionaria de la AP-9, por el cobro “abusivo” de peajes durante los atascos derivados de las obras del Puente de Rande. El magistrado insta a la compañía a “restituir el importe cobrado” a los usuarios afectados por alguna de las 81 incidencias de circulación registradas entre el 27 de febrero de 2015 y el mes de junio de 2018.

A pesar de que el importe de los peajes que se deben ser restituidos aún desconoce (desde el entorno de Audasa destacan que no tendrá gran incidencia en sus cuentas y que está “muy alejado” de los 90 millones de euros que llegó a pedir la Fiscalía), la sentencia eleva la presión sobre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de José Luis Ábalos, la antigua cartera de Fomento. Lo hace por dos cuestiones: la primera porque el ministerio se personó en el juicio a través de la Abogacía del Estado, un hecho que suscitó las críticas tanto de las asociaciones de usuarios como de la Xunta de Galicia, por entender que estaba defendiendo las prácticas de la compañía concesionaria. La segunda cuestión es que, a lo largo de todo el proceso judicial, Audasa ha indicado que la pretensión del Ministerio de Fiscal de que tuviese que devolver los peajes “supondría una alteración de las condiciones económicas de la concesión administrativa”. Para muchos, fue precisamente esta advertencia, esgrimida en varias ocasiones por la concesionaria, lo que acabó precipitando la irrupción en escena de la Abogacía del Estado. Fomento aseguró que se personaba en contra de la indemnización «por razones técnicas» y no por defender a Audasa.

¿Compensación por parte de Fomento?

De hecho, ya una vez abierto el procedimiento judicial en el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra, Audasa presentó dos escritos para intentar que la causa discurriera por la vía administrativa e implicara a Fomento como titular del vial que une Ferrol con Tui. Por dos veces fueron rechazados los argumentos de la concesionaria, convencida de que, de prosperar la demanda, alteraría el sistema tarifario acordado con el Ejecutivo central, por lo que Fomento debería entrar como demandado en la causa para poder defender sus intereses.

De hecho, en aquella altura, Audasa recordó en varias ocasiones el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Fomento en tiempos de José Blanco. Este implicaba una compensación a la compañía por el coste de las obras del Puente de Rande a través de incrementos en el precio del peaje. En otras palabras, lo que se sugería era la posibilidad de que el Gobierno central tuviese que compensar a la compañía en caso de tener que devolver a los usuarios parte de los peajes considerados “abusivos”.

Silencio de Gobierno y Audasa

La sentencia dada a conocer este lunes se basa en la determinación del juez de que Audasa no debe cobrar peajes íntegros a sus usuarios en los casos en los que se produzcan incidencias reseñables en la vía que no hayan sido anunciadas con suficiente antelación. Así, especifica que la compañía no puede cobrar el peaje de forma “íntegra” cuando se produzcan incidencias calificadas por la DGT con el color “negro, rojo o amarillo” y siempre que no se haya facilitado a los conductores información del estado de la vía con antelación suficiente para poder optar por otra vía.

Una vez se publiciten los 81 incidentes a los que hace referencia la sentencia (algo de lo que también se tendrá que hacer cargo Audasa), las personas afectadas podrán unirse a la demanda colectiva iniciada por las asociaciones de usuarios de la AP-9. Eso sí, a partir de esta jornada, se abre un periodo de 20 días en los que se podrá alegar contra la sentencia.

De momento, el Ministerio de Transportes guarda silencio. Preguntado por este medio, indicó: “Actualmente se está estudiando y analizando la sentencia, siendo la posición de este Departamento la de preservar siempre el interés público”.

Escaso impacto económico para Audasa

Tampoco Audasa se ha querido manifestar de forma pública, no hasta que sus servicios jurídicos no hayan analizado en profundidad la sentencia. No obstante, fuentes cercanas a la compañía dan por hecho que la misma recurrirá la sentencia y que, en cualquier caso, “agotará toda la vía judicial” antes de iniciar una hipotética negociación con Fomento.

Estas mismas voces especifican que, a pesar de la condena, el resultado de la sentencia dista mucho de la acusación inicial hecha por la Fiscalía, que llegaba a reclamar 90 millones de euros. “Al final, los 81 incidentes señalados en la sentencia se corresponden con muy pocas horas efectivas de retenciones a lo largo de varios años”, indican, para argumentar la creencia en que la sentencia tendrá una repercusión leve para la empresa a nivel económico.

Sin embargo, no es el precio que tenga que abonar Audasa lo que parece interesar en estos momentos a las asociaciones de usuarios personadas en la demanda. «Lo más importante de esta sentencia es que es la primera en todo el Estado español que obliga a una autopista a devolver peajes por una condición abusiva que no va a poder volver a repetir», opina Diego Maraña, presidente de En-Colectivo, que pide a los usuarios afectados que se sumen al proceso.

Lo mismo opina la Fiscalía, que subraya que la relevancia del fallo judicial, al asegurar que supondrá «un precedente en todo el territorio estatal«.