La guerra abierta entre Podemos y los dueños de la mina de San Finx llega a bolsa australiana

Unidas Podemos ha declarado la guerra a Rafaella Resources, la compañía dueña de la mina de Varilongo, en Santa Comba, y que, recientemente, ha adquirido a Valoriza Minería, filial de Sacyr, la histórica mina de wolframio de San Finx, en Lousame.

Esta semana, el grupo australiano decidió suspender durante dos jornadas su cotización en la bolsa australiana a la espera de notificar un hecho relevante al mercado. Se trataba de explicaciones ante una misiva enviada por dos diputados de Unidas Podemos a sus grandes accionistas, entre los que figuran fondos como Meteoric Resources y Everblue Capital, y en la que avisaban de los problemas que la mina de Finx podría acarrear al nuevo comprador.

Advertencia de dos diputados a los accionistas

En concreto, y según adelanta Expansión, los firmantes de la carta son los diputados Juan López de Uralde y Antón Gómez-Reino. En la misiva, remitida el pasado 4 de marzo, advierten de la presentación de denuncias en los tribunales contra las autoridades que habrían dado permisos de operación a la mina de San Finx así como hablan de la existencia de una deuda fiscal pendiente que ascendería a 30 millones de euros por la actividad pasada del yacimiento. Llaman la atención, igualmente, sobre supuestas inversiones millonarias que la firma tendría que acometer para construir instalaciones con las que depurar el agua en el yacimiento. Según el citado medio, en la carta preguntarían a los inversores si la compañía australiana podría hacer frente a estos hipotéticos pagos a corto plazo.

Ante el revuelo causado por la carta, Rafaella Resources optó por suspender su cotización durante dos jornadas (miércoles y jueves) hasta enviar una comunicación aclaratoria a sus inversores (algo que sucedió este viernes). La firma australiana tacha de “carta no autorizada a los accionistas” el comunicado de Uralde y Gómez-Reino y carga contra ellos.

Acusaciones “de un partido marginal”

“Rafaella Resources ha tenido constancia de una carta de fecha 4 de marzo de 2022 enviada a varios de sus principales accionistas por dos miembros del Congreso español en representación un de un partido político marginal”, indica. La compañía califica de “engañosas” las afirmaciones y asegura que, “a pesar del membrete de la carta, del Congreso de los Diputados, el contenido de la misma representa opiniones personales de dos autores individuales y no del Gobierno español”.

“En la carta, los autores sugieren que se han incoado acciones penales contra varios funcionarios y autoridades públicas en relación con permisos ilegales y asociados a presuntos delitos de la mina de San Finx y asegura que estos procedimientos fueron presentados ante las Cortes el pasado 13 de diciembre y el 28 de enero”, relata. La minera asegura, no obstante, “que no tiene conocimiento de estos procedimientos” y recuerda que, por contra, los tribunales “han desestimado y archivado casos anteriores presentados por las partes correspondientes”.

Provisiones contempladas para el drenaje de agua

También rechazan tener que afrontar posibles multas derivadas de la anterior actividad en la mina. Aseguran que esta posibilidad habría quedado desechada en el proceso de due diligence llevado a cabo para la adquisición de San Finx y que no ha habido “ninguna notificación de dichos pagos adeudados por Tungsten San Finx, sociedad propietaria de la mina”. Esta se encontraría en estos momentos, prosiguen, “tramitando su permiso de descarga de agua y continuando con los trámites para asegurar que cualquier operación futura seguirá cumpliendo plenamente con todas y cada una de las obligaciones ambientales”.

“Los autores de la carta afirman que una vez aprobado el permiso de descarga del agua, se requerirá a la compañía que construya una planta activa de tratamiento de drenaje ácido de mina para operar a perpetuidad que requerirá de inversiones significativas”, apunta la minera, que invoca de nuevo el proceso de due diligence previo a la adquisición del histórico activo. Asegura que, en el mismo, “Rafaella revisó el presupuesto para la construcción de la planta de tratamiento de agua elaborada por los principales expertos españoles en ese campo”. Insiste, además, que este gasto estaría ya provisionado.

Caída en bolsa de un 14%

Con el objetivo de frenar cualquier polémica que la penalice en la bolsa australiana, el director general de la compañía, Steven Turner, insiste en que la carta de los diputados no fue autorizada ni solicitada por los accionistas, a los que pide que se pongan en contacto directo con la firma si tiene alguna duda sobre los proyectos españoles.

Sea como fuere, la carta de los diputados españoles impactó con fuerza en su cotización. Sus títulos se derrumbaron un 14,29% el pasado martes, antes de la decisión de suspender la cotización, que el viernes quedó en plano.