La fusión de Renfe y Adif rompe los planes de la aseguradora de Angrois

Al poco de tomar posesión de su cargo, el nuevo titular de Fomento, Íñigo de la Serna, anunciaba la inminente fusión de las dos compañías públicas vinculadas al servicio ferroviario, Renfe y Adif. Esta unión, que no deja de ser un proyecto, conllevará una serie de ventajas para ambas, pero más de un quebradero de cabeza para terceras empresas, como es el caso de la aseguradora QBE, y procesos judiciales como el caso del Alvia accidentado en Santiago en 2013. 

La multinacional QBE era entonces la aseguradora de Renfe. Como tal, lleva desde que se inició el caso litigando con Adif, la empresa pública gestora de la red ferroviaria. Junto con las víctimas y el maquinista, ha defendido que la línea de alta velocidad en la que se registró el siniestro del convoy, en el que perdieron la vida 80 personas, presentaba deficiencias de seguridad. Por tanto, los responsables del accidente de Angrois serían cargos del gestor ferroviario.

Situación incómoda

Ahora QBE también es la encargada de cubrir la responsabilidad civil de Adif, después de ganar un concurso público valorado en 2,5 millones de euros y con una duración de dos años, prorrogables por otros dos. Un informe jurídico encargado para la ocasión concluyó que no existía conflicto de intereses en la adjudicación del contrato, por tratarse de un procedimiento abierto.

No obstante, uno de los abogados de la Plataforma de Víctimas Alvia 04155, Manuel Alonso, asegura que el aspecto procesal del caso puede variar, aunque de momento no ha notado cambio alguno. Reconoce que existen «intereses contrapuestos» entre ambas empresas públicas que pueden «enrevesar el proceso», pero recuerda que, en caso de resultar culpable Adif, la que tendría que pagar sería la aseguradora que tenía la póliza en vigor en el momento del siniestro: Allianz.

Como apunta Alonso, «no es lo mismo pagar toda la fiesta que pagarla a medias», por eso cree que QBE tratará de que la responsabilidad recaiga en Adif, aunque eso le supondrá tener que imputar a uno de sus cargos, una postura «cuando menos incómoda para ellos», por tratarse de su actual cliente. La otra opción es que prevalezca el criterio del juez instructor y el maquinista sea sobre quien recaiga la responsabilidad, en cuyo caso QBE –como aseguradora de Renfe– deberá desembolsar 43 millones de euros de indemnización a las víctimas.

La instrucción continúa

Mientras tanto, el proceso continúa en la Audiencia Provincial de A Coruña, donde están a la espera de que se resuelvan las pruebas periciales encargadas, así como de determinar si había o no evaluación de riesgos y si ésta era o no obligatoria, lo que podría complicar las cosas aún más para Adif. La defensa de las víctimas, por su parte, confía en que la Audiencia acceda a pedir un informe independiente si se demuestra que el de el Ineco –cuestionado por el organismo regulador europeo– no sirve.

En cualquier caso, Alonso señala que el proceso todavía será largo, dada su complejidad, la particularidad de la materia y el hecho de que estén implicados en el mismo varias partes.