La fórmula del Gobierno para salvar Alcoa: hidrógeno verde
Alcoa dice que está dispuesta a vender y el Gobierno le pide que negocie con su inversor, que tiene un proyecto renovable que apuesta por el hidrógeno verde
La reunión de la Mesa de Alcoa, a la que se sientan tanto empresa como sindicatos y Gobierno central y autonómico, se ha cerrado este lunes con dos mensajes claros. El primero, que la compañía ha evidenciado delante de las autoridades que está dispuesta a explorar todas las vías, también la venta de la planta de aluminio de San Cibrao, donde tiene en marcha un ERE que, de materializarse, afectará a 534 personas. La segunda, que el Ejecutivo central tiene fe en el inversor industrial que ha buscado y que, asegura, está interesado en la factoría. Así, el secretario general de Industria, Raül Blanco, ha solicitado a la multinacional americana que se avenga a negociar con el inversor, del que, por lo de ahora, todas las partes rechazan dar el nombre «para no influir en la negociación».
Aunque el nombre aún no se ha desvelado, Industria asegura que el proyecto industrial sobre la mesa «daría continuidad a las instalaciones a medio y largo plazo». El Gobierno da otra pista más, la solución que plantea para Alcoa es ‘verde’. «Hay un proyecto alternativo que, en el ámbito de la energía, apostaría por la energía renovable donde se apostaría por el hidrógeno verde y con una inversión industrial en la planta que le garantizaría la rentabilidad en el futuro», aseguró Blanco.
«Alcoa no quiere seguir»
De tal forma, el Gobierno sostiene que es el momento de que la multinacional inicie negociaciones con el grupo inversor con motivo de la prórroga de las consultas del ERE hasta el 4 de agosto, dado que «Alcoa tiene claro que no quiere seguir». «Y durante estas negociaciones no es necesario despedir a nadie», explica.
Además, el alto cargo del Ministerio de Industria ha defendido varias actuaciones del Gobierno para facilitar la competitividad de las empresas del sector, como la aprobación del Fondo de Garantías y los «avances» en el estatuto para las electrointensivas.
Las reuniones comienzan este martes
En la reunión han estado, entre otros, el conselleiro de Economía e Industria de la Xunta, Francisco Conde; el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada; el presidente de Alcoa en España, Álvaro Dorado; el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan; y los responsables autonómicos de industria de UGT, CCOO y CIG.
Al respecto, Zan ha valorado que se ha conseguido un «compromiso» para que haya reuniones entre el nuevo socio inversor, Alcoa, Gobierno y Xunta, que «se pondrán en contacto ya mañana (por el martes) a primera hora«.
En esta línea, el representante de los trabajadores considera «fundamental» que la Xunta se reúna con el nuevo socio industrial, puesto que «es un cambio sustancial en el proceso del ERE». «Variaría toda la sustancia del ERE», asegura. «Entramos en una nueva fase en la que hay un socio industrial que parece que está dispuesto a funcionar con el marco energético y el precio de la luz al que se compromete el Ejecutivo central», apuntó.
Alcoa insiste en parar las cubas
Alcoa, por su parte, insiste en que, para poder llevar a cabo las negociaciones que, en todo caso, tienen un «éxito incierto» es necesario antes parar las cubas de electrolisis. «No se puede comenzar a negociar mientras que la empresa pierde un millón de euros cada semana», insiste la compañía, que insiste además en que, de momento, sigue sin tener «concreción» por parte del Gobierno del plan industrial ni de la oferta del inversor interesado.
La Xunta reclama la suspensión del ERE
Por su parte, la Xunta ha solicitado la constitución de un grupo de trabajo y el aplazamiento del ERE para evaluar esa posible propuesta de un inversor. Tras el encuentro, el departamento que dirige Francisco Conde ha subrayado que, «por primera vez, el Gobierno central ha anunciado que existe un posible comprador para la planta», mientras Alcoa muestra «su voluntad de iniciar un proceso de venta».
Conde llama a conocer el contenido de esta propuesta y pide tiempo para identificar entre todas las partes las condiciones y requerimientos que garanticen la continuidad de la actividad y del empleo.
