La Fiscalía pide penas de cárcel por las protestas de Alu Ibérica
La Fiscalía reclama hasta 15 meses de cárcel para trabajadores de la antigua planta de Alcoa en A Coruña por sus protestas ante el Congreso en marzo de 2019
Penas de hasta 15 meses de cárcel por las protestas de los trabajadores de la antigua planta de Alcoa en A Coruña ante el Congreso de los Diputados en marzo del año pasado. La Fiscalía solicita una pena de 15 meses a un empleado de la factoría por “atentado a la autoridad” y otra de 12 meses por un “delito de resistencia a la autoridad” al propio presidente del comité de empresa de la factoría -ahora rebautizada como Alu Ibérica-. Juan Carlos López Corbacho.
El propio representante de los trabajadores ha sido el encargado de revelar estas peticiones en una rueda de prensa en la que ha asegurado que «los delincuentes dirigen las fábricas y a quiénes acusan es a los trabajadores», ha denunciado el representante de la plantilla, que califica de «inaudita» la situación. «Estábamos defendiendo nuestros puestos de trabajo» en una concentración, ha resaltado, «que estaba legalmente organizada«.
Por estas protestas también habían sido inicialmente imputados la ahora ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el presidente de Podemos Galicia, Antón Gómez Reino, diputados de Galicia en Común, que se habían sumado a las protestas aunque finalmente fueron desimputados por su condición de aforados.
“Fue una encerrona”
Corbacho ha expresado su oposición a la petición de la Fiscalía, ya que, según ha defendido, los trabajadores, no «arremetieron» contra los agentes de la Policía y, al contrario, afirman que fueron «víctimas» de una carga «desproporcionada». «Fue una encerrona lo que nos hicieron allí», ha añadido López Corbacho, que considera que los atestados en los que se basa el informe de Fiscalía son «de dudosa redacción».
Por su parte, el secretario xeral de Federación de Industria de Comisiones Obreras, Víctor Ledo ha explicado que él mismo y otro empleado también están imputados, pero sus casos están sobreseídos temporalmente por «contradicciones» en los cinco atestados que existen de los hechos y recordó que cuatro políticos fueron imputados inicialmente y después desimputados. «Los seis acudiremos de testigos al juicio», ha añadido, antes de explicar que las peticiones de la Fiscalía «ratifican» la petición de la jueza de Instrucción 25 de Madrid en un caso para el que de momento no hay fecha para el juicio oral.
Un año después de la venta
Durante su intervención López Corbacho ha recordado que este viernes se cumple un año de la venta de Alcoa al Grupo Parter y ha denunciado que los trabajadores se sienten «completamente engañados, estafados y abandonados», acusando al Ministerio de Industria de «desidia» frente a la situación. «Fue un acto público y la ministra estaba sentada en la mesa de negociación», ha manifestado.
El representante de los trabajadores considera que la operación fue «ilegal» y pide que se pongan en marcha «mecanismos» para investigarla. «Los únicos perjudicados somos los trabajadores», ha reprochado, acusando a los dirigentes de la empresa de «delincuentes». «La ficha policial y las acusaciones que pesan sobre algunos de ellos son públicas», ha apuntado.
En esa misma línea se ha expresado el secretario xeral de la Federación de Industria de CCOO, que ha afirmado que los responsables de la fábrica tienen «dudosa reputación». «Un año después de la venta la situación de Alu Ibérica es más dramática que nunca», ha añadido.
