La Fiscalía investiga a Naturgy por presunta manipulación del mercado eléctrico desde Galicia
El Ministerio Público anuncia la apertura de diligencias tras la denuncia de Facua y solicita a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia un informe para determinar si la supuesta manipulación incrementó el precio final pagado por los usuarios
Vista aérea de la central de ciclo combinado de Sabón / Grupo Cobra
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para investigar si Naturgy manipuló el mercado eléctrico con el objetivo de incrementar sus beneficios en el periodo comprendido entre el 23 de marzo de 2019 y el 31 de diciembre de 2020 en la zona geográfica de Galicia, abastecida por la central Sabón 3.
El precio ofertado por esta central al mercado de restricciones en los entornos de reducida competencia fue un 95 % superior al precio de mercado diario, mientras que en los entornos de mayor competencia fue un 34 % superior, algo que le otorgó a Naturgy Generación, según estimó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), un beneficio de 43,2 millones de euros.
El regulador multó a la compañía con más seis millones de euros por realizar ofertas a precios excesivos durante ese periodo. Además de la sanción, también impuso el pago de una indemnización de 35,5 5 millones por manipular el precio en el mercado eléctrico de restricciones técnicas. Tras conocer esta sanción Facua, la asociación de consumidores, presentó una denuncia ante Fiscalía y Anticorrupción.
Alcance de la denuncia
Tal y como han explicado desde la Fiscalía, el objetivo es determinar el alcance de la denuncia y si la eventual investigación de los posibles delitos son competencia de la Audiencia Nacional, por maquinación fraudulenta para alterar el precio de las cosas, «que produzcan perjuicio patrimonial a una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia».
En un comunicado el Ministerio Público apunta que ha acordado requerir a la CNMC un informe sobre la energética en el que pide información sobre cuatro puntos. Por un lado, pregunta si la resolución del regulador es firme o ha sido impugnada ante los tribunales además de si la conducta sancionada ha supuesto un incremento del precio final pagado por los consumidores.
Por otro lado, también solicitan información sobre si el posible incremento de precios a los consumidores se ha proyectado sobre todo o una parte limitada del territorio nacional.
En último lugar, también requieren una cuantificación aproximada de los perjuicios patrimoniales causados a los consumidores provocados por el eventual incremento de precios finales.
La denuncia de Facua
Según ha explicado la asociación de consumidores, la compañía energética podría haber incurrido en un delito contra el mercado y los consumidores, tal y como recoge el Código Penal, que en su artículo 284 establece penas de prisión de seis meses a seis años, multa de dos a cinco años, o del tanto al triplo del beneficio obtenido o favorecido para estos casos.
Facua considera «ridícula» la cuantía de la sanción, porque seis millones de euros suponen un 0,4 % de los 1.649 millones de euros de beneficios netos que la eléctrica obtuvo el pasado año 2022.
