La Fiscalía demanda a la concesionaria de la AP-9
Los atascos del puente de Rande acaba en una demanda de la Fiscalía contra Audasa por prácticas abusivas durante “al menos tres años”
La Fiscalía de Pontevedra ha presentado una demanda de juicio ordinario contra la concesionaria de la AP-9, el vial que une Ferrol con la frontera portuguesa y que encadena litigio tras litigio en los últimos años. La Fiscalía considera que Audasa, la concesionaria que se disputan Corsair y Globalvía, incurrió en prácticas “abusivas” al cobrar los peajes íntegros pese al deficiente servicio prestado durante “al menos tres años”.
Ese fue el periodo de tiempo en el que se ejecutaron las obras de ampliación del Puente de Rande que, según relata la Fiscalía, provocaron que el tráfico se viera “permanentemente afectado” con los consiguientes perjuicios a los usuarios, perdiendo el tiempo en sus desplazamientos y atrapados en colapsos en numerosas ocasiones. «Todos los usuarios se vieron afectados, en cuanto recibieron un servicio de la autopista con insuficientes condiciones de fluidez y seguridad», concluye el fiscal.
Las polémicas obras las inauguró Rajoy (dos veces)
Las obras de ampliación de la autopista fueron pactadas por José Blanco en su etapa como ministro de Fomento. El convenio firmado, que incluía también la construcción de la circunvalación de Santiago, provocó una subida en el precio del peaje que se sumó a la que acordó en términos similares la actual presidente del Congreso, Ana Pastor. La concesionaria Audasa se comprometió a financiar las obras pero a cambio percibía compensaciones mediante el encarecimiento de las tarifas.
La ampliación de Rande fue inaugurada por Mariano Rajoy en diciembre de 2017, acompañado por Núñez Feijóo, Íñigo de la Serna y Ana Pastor. De hecho, el entonces presidente del Gobierno iría apenas unos días después a inaugurar también las obras del mismo vial en Santiago. Pasado casi un año de aquellos actos, la infraestructura seguía en obras y provocando atascos y retenciones.
Pide la devolución del dinero e indemnizaciones
La Fiscalía, en ejercicio de acción colectiva de cesación en defensa de los consumidores y usuarios, entiende que la concesionaria cobró unos peajes por unos servicios deficientes y ve «abusiva» la práctica de cobrar la tasa íntegra, la misma que si la autopista tuviera unas condiciones normales de circulación.
Por ello, reclama que se dicte sentencia en la que se declare la nulidad de ese cobro y se inste a Audasa a cesar en dicha práctica en lo sucesivo, «en cualquier autopista que gestione en España», elaborando un criterio de eliminación del precio del peaje en los casos de insuficiente fluidez del tráfico.
Por otra parte, la Fiscalía también solicita que se condene a la empresa a reintegrar esos importes (los que hayan sido cobrados entre el 27 de febrero de 2015 y el 1 de junio de 2018) a los usuarios que acrediten haber sido afectados; y que se indemnice por el doble del importe del peaje a «todos los usuarios, conductores o pasajeros», que acrediten haberse encontrado en alguno de los atascos que implicaron retenciones de más de 10 minutos.
