La Fiscalía archiva la denuncia de Adega por “prevaricación” de la Xunta con Greenalia

La Fiscalía ha archivado la denuncia presentada por Adega contra el «indulto millonario» que la asociación ecologista denunció que la Xunta practicó con la energética Greenalia debido a la tramitación de un parque eólico. La entidad ambientalista ha anunciado que recurrirá a la Fiscalía General del Estado.

Según ha informado la propia Adega, la Fiscalía de área de Santiago de Compostela acaba de notificar el archivo de las diligencias de investigación penal número 71/22, relativas a la denuncia presentada por esta asociación en noviembre de 2022, por la, a su juicio, «modificación ilegal del plan industrial» asociado al parque eólico Campelo de Greenalia.

En la denuncia, se exponía «en detalle» el contenido de la resolución del 21 de julio de 2021, firmada por la directora xeral de Planificación Enerxética de la Xunta, Paula Uría, por la que se le permitió a la mencionada empresa «cambiar la opción de monetización de su plan industrial, dándolo por ejecutado, en base al desarrollo de ciertas actividades que nada tenían que ver con las propias de aquel plan industrial».

Una denuncia sobre 12 millones de euros

En la denuncia, se argumentaba que en el momento en que se adoptó tal resolución, ninguna norma vigente «permitía el cambio» de la opción de monetización a la de ejecución, «ni mucho menos daba cabida a que un plan industrial derivado del concurso eólico del año 2010 se diese por ejecutado con otras actividades a las previstas en el plan industrial». Así, aseguraba que a Greenalia se le había “perdonado” tener que ingresar unos 12 millones de euros que tendrían que haber sido depositados en el fondo capital-riesgo del Igape, un extremo, en todo caso, que la energética de José María Castellano y Manuel García siempre rechazó, asegurando que habían actuando en tiempo y forma y dando respuesta a todos los requerimientos del Ejecutivo autonómico.

«Los extremos denunciados por Adega podían y pueden ser perfectamente corroborados por la Fiscalía ante el simple examen de la normativa aplicable. Sin embargo, en el decreto de archivo de las diligencias penales, firmado por María Aurelia García Rodríguez, se concluye que la práctica de posteriores diligencias de investigación resulta superflua», asegura Adega.

Críticas a la Xunta

Al respecto, señala que se llega a esta conclusión porque, según el decreto de archivo, la Fiscalía solicitó explicación a la Xunta y esta remitió un informe en el que no aparece referencia alguna a las normas jurídicas que den cobertura a la actuación denunciada.

Adega advierte de que en el informe de la Xunta se «manifiestan graves falsedades«, como que la opción por la monetización de los proyectos industriales no estaba sometida a límite temporal. «Simplemente, es falso», añade, para remitir al artículo 7.2.c) de la orden del 29 de marzo de 2010 para la asignación de 2.325 megavatios de potencia en la modalidad de nuevos parques eólicos en Galicia (DOG nº 61, de 31 de marzo), que «deja bien claro el momento en que había que optar por la monetización: o se optaba en aquel momento o se renunciaba al procedimiento».

Así las cosas, Adega considera que el archivo de la denuncia por parte del Ministerio Fiscal «resulta absolutamente escandaloso y contrario a la salvaguarda de la legalidad y del interés general que resultan inherentes a la institución».

«Asumir el contenido del decreto de archivo de diligencias implicaría asumir que, presentada una denuncia en la que constan con detalle hechos y fundamentos de derecho, la simple petición de informe a la parte denunciada, aunque esta mienta o no diga nada, resulta suficiente para concluir que no hay motivos de ilegalidad», ha advertido la asociación ecologista.