La extesorera de Audasa se enroca en el juicio y niega que se apropiase de 1,2 millones
La exempleada ha negado los hechos por los que se le imputa un delito de estafa por el que se piden seis años de cárcel y otros cinco a su marido
Imagen de archivo del puente de Rande / Europa Press
La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña inició este miércoles en el juicio contra la extesorera de Audasa a la que se le acusa de haberse apropiado de 1,2 millones de euros. Durante su declaración, al antigua empleada de la concesionaria de la AP-9 ha negado unos hechos por los que se le piden seis años de cárcel y otros cinco a su marido.
De acuerdo con la calificación fiscal, la mujer ocupó este puesto entre 2008 y 2019, fecha en la que fue despedida. Entre otras funciones, era la encargada de remitir órdenes de transferencia a las entidades bancarias, del control de los saldos bancarios, comprobación de ingresos y gastos y elaboración de partes a los bancos.
«Así, dado que la empresa había confiado en la acusada para gestionar su contabilidad proporcionándole acceso a documentación y cuentas bancarias, ésta, prevaliéndose de tal posición, durante los años 2011 a 2018, elaboró órdenes de transferencia ficticias y de apariencia similar a las emitidas» para transferirlo a otra cuenta de la que ella era titular.
Firmas escaneadas de personas autorizadas
La Fiscalía revela que la extesorera de Audasa «utilizaba aplicaciones informáticas donde insertaba de forma escaneada las firmas de los autorizados para emitir dichas órdenes, así como el sello de la empresa». «En las citadas órdenes, constaban formalmente como beneficiarios proveedores habituales de la empresa cuando, en realidad, dichas operaciones no eran reales y el beneficiario único y destinatario de la transferencia era la propia acusada».
A través de esta operativa, «la acusada efectuó en el periodo señalado 341 transferencias por un importe total de 1,23 millones de euros», aunque el Ministerio Público indica que la cantidad total «con la que se hizo en provecho propio fueron 1,22 millones de euros». Por estos hechos, figura también como acusado su marido ya que el Ministerio Público indica que disponían de él de «común acuerdo».
Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa en el caso de la mujer y del hombre de otro de estafa o, en su caso, de blanqueo por imprudencia grave. Para ella, se piden seis años de cárcel y para él cinco años o dos años de prisión en función del delito.
