La dueña de Audasa eleva el sueldo de su cúpula mientras pide compensaciones por el Covid

Itínere, el grupo de infraestructuras que controla la concesionaria de la AP-9 y Autoestradas de Galicia, cerró el ejercicio del Covid-19 con 47,8 millones en pérdidas, debido en buena medida al impacto de la crisis sanitaria. El tráfico cayó un casi un 30% en el conjunto de sus siete concesiones, pasando de una intensidad media diaria de 19.000 vehículos en 2019 a algo menos de 14.000 el año pasado. El retroceso fue brusco en marzo y abril, tras la declaración del estado de alarma, alcanzando picos del 90% en algunos días.  

Esta situación derivó en una pérdida de ingresos del 20%, hasta los 181 millones, y en el agravamiento de los números rojos, que un año antes habían sido de 18,1 millones. Itínere cerró el ejercicio con un patrimonio neto de 977 millones y pudo refinanciar deuda de Audasa (66 millones) y Aucalsa, la AP-66 entre Asturias y León (50,6 millones), que vencía en mayo de este año.

A pesar de las dificultades derivadas de la pandemia, el grupo de infraestructuras elevó la partida destinada a retribuir a su cúpula directiva. Según la memoria de ejercicio que acaba de hacer pública, el presidente Juan María Nin percibió 250.000 euros, frente a los 205.000 del ejercicio anterior; mientras que el consejero delegado, Francisco Javier Pérez Gracia, cobró 849.000 euros, frente a los 841.000 de 2019. La partida destinada a la alta dirección también se elevó, aunque de manera muy leve, hasta los 1,62 millones.

Hay que tener en cuenta que estas partidas son bastante inferiores a las de 2018, antes de la llegada de Nin a la presidencia no ejecutiva y del Covid a nuestras vidas. Aquel ejercicio, la retribución del consejero delegado se elevó a los 1,1 millones y la de la alta dirección a los 1,8 millones, ya que ingresaron anticipadamente parte de la paga variable por hitos como las obras de ampliación de la AP-9.

No sigue la misma dinámica la compañía con los gastos de personal, que cayeron en casi tres millones en el último año, mientras que la plantilla del grupo también disminuyó en 10 trabajadores, quedándose en los 531.

La dirección de Audasa, la concesionaria de la AP-9, no incrementó su retribución, pues según las cuentas de la sociedad bajó de los 596.000 euros a los 419.000.

Reclamaciones por el Covid-19

Itínere maneja concesiones reguladas, lo que le otorga ciertas ventajas en situaciones como la del Covid-19. De hecho, el grupo manifiesta en su memoria de ejercicio que reclamará compensaciones por la caída de tráfico durante la pandemia. “Las sociedades concesionarias participadas han solicitado a sus respectivas administraciones concedentes el restablecimiento del equilibrio económico financiero de sus contratos de concesión, reclamación que a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas no ha sido aún resuelta”, dice Itínere.

Añade que fundamenta la solicitud en un derecho contractual ante la “aparición de circunstancias imprevisibles y extraordinarias, y en la adopción, por las distintas administraciones, de medidas que han imposibilitado la ejecución de los contratos de concesión en los términos previstos, toda vez que las sociedades concesionarias han mantenido su plena actividad por tratarse de infraestructuras criticas de transporte”.

La factura pendiente en Galicia

En el caso de la AP-9, la vía entre Ferrol y Tui que vertebra Galicia por el Atlántico, esta reclamación se añade a la larga lista de cuentas pendientes que mantiene la concesionaria con las administraciones públicas. Itínere echa cuentas y le salen 337,5 millones a compensar por las obras de ampliación de la autopista en Rande y Santiago; los descuentos en los peajes en el área de Vigo y Pontevedra, así como 25 millones más por la anulación de un real decreto de Mariano Rajoy que redujo a la mitad los pagos a Audasa por liberar los peajes de Rande y A Barcala. El Supremo obliga a indemnizar a la concesionaria mientras Gobierno y Xunta se pelean por quien debe pagar.