La ‘due diligence’ de Euskaltel a R destapó más deuda, litigios sin provisionar y riesgos por inspecciones
Por encargo de Euskaltel, KPMG presentó una auditoría de compra de R en 2015 que elevaba en casi 30 millones la deuda de la cablera gallega y advertía de “litigios que generarían futuras salidas de caja”
Imagen de la sede de la operadora gallega R en A Coruña
Euskaltel anunció la compra de R Cable por 1.155 millones de euros a finales de julio de 2015. Seis años después de la adquisición, y cuando el grupo vasco está a punto de caer en manos de MásMóvil, comienza a trascender la letra pequeña de aquella operación. Firmada tres meses después del anuncio, la auditoría de compra de R encargada por Euskaltel a KPMG destapaba algunos ajustes pendientes. Entre ellos, más deuda, litigios sin provisionar y riesgos por inspecciones fiscales.
Los 1.155 millones en que estimaba la operación Euskaltel inicialmente se convirtieron tras aquel verano en 1.190 millones de euros. El anuncio del cambio del precio final se formalizó a través de un hecho relevante enviado a la CNMV en octubre de dicho año. ¿Qué había sucedido entre una fecha y la otra? Pues, entre otras cuestiones, la entrega por parte de KPMG de la auditoría de compra (due diligence), firmada en 18 de septiembre.
Las claves de KPMG
En la auditoría, a la que ha tenido acceso Economía Digital Galicia, el equipo de KPMG deja muy claros los desajustes detectados. “La deuda financiera reportada asciende a 292,3 millones de euros a 30 de junio de 2015; durante el transcurso de nuestro trabajo hemos identificado potenciales reclasificaciones y ajustes que aumentarían la deuda neta hasta los 320,3 millones a esa fecha”, dicen los auditores. Unos 28 millones de euros de diferencia.
Algunos matices llevaban a KPMG a alterar los números. Por ejemplo, los saldos a pagar relacionados con la inversión en activos fijos (lo que se entiende como capex) incluidos en el capital circulante debían ser considerados como deuda. También mostraba R un saldo deudor con las Administraciones públicas por el Impuesto sobre Sociedades que llamó la atención de KPMG
De la deuda a las inspecciones fiscales
En su revisión de la deuda neta parcialmente ajustada también incluían los chicos de KPMG los retrasos en el cobro de la Xunta. “Durante 2015”, advertían, “han existido ciertos retrasos en el cobro con la Xunta derivados de problemas relacionados con la emisión de la facturación de los servicios prestados”, lo que incrementó los saldos de cuentas a cobrar.
KPMG también identificó “otros aspectos a considerar, si bien estos podrían garantizarse en el contrato de compraventa con garantías (sic) específicas”, decían. Entre ellos, relacionados con la deuda, se incluían litigios e inspecciones fiscales.
“Los litigios actuales contra la sociedad generan una futura salida de caja”, aseguraba la auditoría, que data de septiembre de 2015. Y detallaba que “la sociedad está actualmente siendo sometida a una inspección por parte de la Agencia Tributaria, que podría dar lugar a eventuales contingencias que pudieran suponer salidas futuras de tesorería”. A 30 de junio de 2015, explicaba con detalle KPMG, “no ha sido dotada ninguna provisión cubriendo estos potenciales riesgos” por parte de R.
