La crisis de Alu Ibérica moviliza a miles de personas en A Coruña
CCOO, UGT y CIG piden la intervención del Gobierno y la Xunta para dar un futuro a la antigua planta de Alcoa en una manifestación secundada por miles de personas
Otra marcha multitudinaria ha reclamado un futuro industrial para la antigua planta de Alcoa en A Coruña, desde hace años instalada en una crisis permanente, ya fuera por los elevados costes energéticos o por los planes de salida de la multinacional norteamericana, y ahora en una situación límite, después del desembarco de Grupo Industrial Riesgo en las instalaciones y la operación judicial contra su cúpula.
Miles de personas se manifestaron este sábado en la ciudad herculina para pedir la continuidad de la factoría, la intervención de la Xunta y el Gobierno para garantizarla y el fin de la represión sindical, que según CIG, CCOO y UGT ha ejercido Riesgo en su periodo a los mandos de la planta.
La marcha había sido convocada por las tres centrales y culminó en María Pita, plaza donde se ubica el ayuntamiento coruñés, con las intervenciones de los representantes sindicales. La alcaldesa, Inés Rey, recibió tras el acto al comité de empresa y celebró que fuera una movilización “unitaria” e “histórica” en defensa de la industria.
A la manifestación también se acercaron los secretarios generales de UGT y CC.OO., Pepe Álvarez y Unai Sordo, además de Paulo Carril, el secretario xeral de la CIG, que lleva desde hace tiempo implicado en el conflicto y que incluso declaró en el juicio que tumbó el ERE de Alcoa en su última planta gallega, la de San Cibrao.
Han respaldado la marcha representantes del PSdeG, como el diputado autonómico Pablo Arangüena, el portavoz local del BNG, Francisco Jorquera y miembros del Partido Comunista y Marea Atlántica, así como alcaldes de la comarca, el exregidor de la ciudad Xulio Ferreiro y la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo.
En definitiva, toda una demostración de fuerza.
CCOO y UGT no quieren ver a Riesgo ni en pintura
En este contexto, después del despido de una trabajadora al que se sumó el de cuatro representantes sindicales, entre ellos el presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho; el secretario xeral de CCOO, Ramón Sarmiento, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para «arropar» a estas personas, que «injustamente están siendo despedidas por rebelarse contra una empresa que tiene las prácticas más indeseables».
También ha advertido de que los sindicatos «van a pasar lista» a las instituciones y partidos que han apoyado la marcha «porque de otro modo estarían al lado de presuntos delincuentes», según ha señalado en alusión al registro de las plantas de A Coruña y Avilés por agentes de la Unidad de Delitos Fiscales.
Aunque se ha mostrado convencido de que los responsables de esta situación serán «condenados», Sarmiento ha alertado de que «el proceso judicial no solucionará el (mantenimiento del) empleo», por lo que ha demandado «un compromiso real» y «efectivo» de las administraciones «para consolidar un proyecto industrial» y las ha acusado de «abandonar» a los trabajadores. También ha afirmado que «la condena no salvará un acuerdo al que le quedan cuatro meses de vida», un plazo que ha incidido en que no debe expirar sin alcanzarse un proyecto de futuro para la planta.
Asimismo, el secretario xeral de UGT, José Antonio Gómez, ha llamado a buscar una solución «entre todos», que ha augurado que no se alcanzará con el grupo Riesgo, propietario de Alu Ibérica en A Coruña, o el fondo Parter, al que se la compró.
La CIG llama a la puerta del Gobierno y la Xunta
En la misma línea, el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, ha advertido de que continuidad de la actividad pasa por «acciones decididas» del Gobierno y la Xunta, a los que ha responsabilizado de la situación por su «dejadez». Así, ha remarcado que «la única solución seria» es «la intervención», que la primera de estas administraciones «tiene que llevar adelante sin demoras». «Solo faltaría que esto acabase en un concurso de acreedores o que la empresa utilizase la reforma laboral, que hace falta derogar», ha alertado.
También ha resaltado que este «capítulo» y el de la factoría de San Cibrao deben cerrarse «con éxito». Además, Carril ha defendido la necesidad de que «la cuenta atrás» iniciada con esta movilización no termine «con el desmantelamiento (de la planta coruñesa) o un reguero de delitos».