La contrarreloj por Alcoa San Cibrao agota su tiempo sin noticias de la SEPI
El comité de empresa de Alcoa carga contra el Gobierno a dos días de que se cierre el plazo que se dieron empresa y trabajadores para alcanzar un acuerdo marco de venta con la SEPI
Imagen de archivo de las protestas de los trabajadores de Alcoa en San Cibrao. EFE/Emilio Pérez
Dentro de dos días, el 30 de abril, expira el plazo que se marcaron sindicatos y empresa para que Alcoa acordase con la SEPI los términos para un acuerdo marco de la venta de la factoría de San Cibrao. A la vista de todas las incógnitas que aún quedan en el aire, la mayoría de las fuentes consultadas sostienen que se sobrepasará la fecha marcada.
Los sindicatos acordaron la pax social hasta el día 30 de abril con el objetivo de facilitar el clima de negociación entre Ejecutivo central y multinacional americana. Sin embargo, son muchas aún las preguntas sin respuesta.
De la indemnidad al nuevo comprador
El principal escollo en las negociaciones entre el Gobierno central y Alcoa radica en la petición de esta de obtener una cláusula de indemnidad que la blinde ante reclamaciones y demandas futuras, una vez que se deshaga de la planta. Asegura la compañía que está dispuesta a vender la única factoría de aluminio primario que queda activa en España por un euro. También compromete una aportación económica cuantiosa, como hizo en el traspaso de las factorías de A Coruña y Avilés. No obstante, es precisamente la situación que vive en estos momentos Alu Ibérica (con la Audiencia Nacional investigando la posible despatrimonialización fraudulenta de la planta) lo que hace que el Ejecutivo sea reacio (así lo ha manifestado públicamente) a aceptar la cláusula que demanda Alcoa. La multinacional insiste en que su demanda es habitual en este tipo de procesos.
Otra de las incógnitas es, al margen de la SEPI, la identidad del futuro dueño de la factoría de fraguarse el traspaso. El Gobierno planteó las negociaciones con el objetivo de vender el activo al grupo británico GFG Alliance una vez llegase a acuerdo con los de Pittsburgh. Sin embargo, la quiebra del principal financiador de los de Sanjeev Gupta se cruzó en las negociaciones y el Ejecutivo, por boca del secretario general de Industria, Raül Blanco, destacó la existencia de más interesados, si bien nunca ha dado sus nombres públicamente. Fuentes consultadas por este medio avanzaron la semana pasada que el grupo británico había retomado conversaciones con el Gobierno central tras asegurar que había salvado de sus problemas de financiación su división de aluminio, Alvance, que sigue dispuesta a hacerse con la aluminera lucense.
«El PSOE será responsable de lo que pase»
Con estas incógnitas sobre la mesa, la posibilidad de alcanzar una solución antes del día 30 de abril parece complicada. La situación provoca la inquietud de la plantilla, que este miércoles ha vuelto a manifestarse por boca del presidente del comité de empresa. José Antonio Zan ha cargado las tintas contra el Gobierno central, ya que considera que está “desaparecido” en la resolución del conflicto. Así, ha manifestado que el PSOE “será responsable de lo que pase”.
Zan censura que “desconocen” lo que “se quiere hacer desde el Ministerio de Industria”. “Ellos, que quieren intervenir la empresa con la SEPI, no aparecen por ningún lado”, manifiesta. «El Gobierno (central) tiene que buscar una solución a la factoría, poner encima de la mesa las condiciones del 27 de septiembre para que Alcoa las acepte y pasarle la planta al comprador cuanto antes», reivindicó.
Los sindicatos tienen la mirada puesta en la fecha del 30 de abril. Será este viernes cuando aborden “la reunión de finalización de la huelga”. “El periodo de desconvocatoria dura hasta las doce del día 30, pero antes, el día 29, tiene que haber algo”, insistió.
«Incumplimientos»
En ese contexto, denuncia que se esté intentando «escurrir el bulto, como hace la ministra de Industria (Reyes Maroto) y el secretario de Industria, incumpliendo cualquier acuerdo como el que ellos patrocinaron al recomendar a los trabajadores que suspendieran la huelga» a finales del mes de enero.
«El incumplimiento por parte del Gobierno es una auténtica vergüenza para ellos, y alguno tiene que dimitir ya», clama el presidente del comité de empresa.
Zan ya anticipa que, «si no hay avances en la negociación, los trabajadores volverán a decidir si volver a la huelga o no«. «Hay unos plazos legales que son cinco días, nosotros convocaremos la asamblea, pero después serán los trabajadores quienes decidan», explica, sobre si convocar o no un nuevo paro. «Si el Gobierno nos ha jugado o juega a nuestras espaldas y no están cumpliendo con las promesas que realizó, ellos sabrán lo que están haciendo. El PSOE será responsable de lo que pase», advierte.
Juicio de Alu Ibérica
Todo esto, en una jornada en la que se ha conocido que la Abogacía del Estado se personará en la causa penal que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de Madrid en relación con la querella interpuesta por los sindicatos contra Alcoa, Parter y Grupo Riesgo por supuesto blanqueo de capitales, insolvencia punible y otros delitos.
Según informan fuentes de la Delegación del Gobierno, esta personación responde al fin «de que se defiendan los intereses del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo». Los intereses, según explican dichas fuentes, se centran en las ayudas públicas concedidas por compensación de costes de emisiones indirectas de CO2.
