La Xunta y Audasa se verán las caras en el Tribunal Supremo. La concesionaria de la principal autopista de Galicia, la AP-9, ha llegado hasta la más alta instancia en el proceso contencioso que inició contra el recorte a las compensaciones que percibe por los peajes en sombra de Vigo-O Morrazo y A Coruña-A Barcala.
El convenio para liberar estos tramos, vigente desde 2006, fue modificado en julio del año pasado. El Gobierno gallego y Fomento defendieron que los cerca de 10 millones anuales que pagaban anualmente a Audasa por suprimir estos peajes “viene suponiendo un cierto enriquecimiento injusto para la sociedad concesionaria” y redujeron prácticamente a la mitad la compensación.
La Xunta lo vendió como un éxito
La medida fue vendida por Alberto Núñez Feijóo como un triunfo de su administración, en medio de la polémica por el encarecimiento del vial y la negativa del Gobierno de Mariano Rajoy a transferir la titularidad de la AP-9, pese a la solicitud unánime del Parlamento gallego. Gracias al nuevo cálculo, la Xunta dejaba de pagar entre cinco y seis millones anuales a Audasa.
Sin embargo, la filial de Itínere decidió litigar contra la modificación del convenio. Lo anunció ya en su memoria de ejercicio al manifestar que el pasado octubre presentó una reclamación contencioso-administrativa “contra lo que supone una modificación unilateral y no justificada de un convenio escrito entre partes”, como adelantó este medio.
El litigio llega ahora a la Sala Tercera del Supremo a través de un nuevo recurso de Audasa, según recoge este martes el Boletín Oficial del Estado. La concesionaria calculó que la modificación del peaje en sombra supone “unos menores ingresos sobre el importe anterior de en torno al 50%”. Básicamente, la mitad de la compensación que pagaba antes la Xunta y ahora no.
