La Comisión Galega da Competencia quiere que la UE tumbe las subidas de peaje de la AP-9

El organismo detecta indicios de ayudas de Estado a Audasa por las subidas de tarifas tras las obras en Rande y Santiago y emplaza a la Xunta y al Gobierno a pedir a Bruselas que investigue el caso

Caride y Muntaner

La exconselleira de Política Territorial, María José Caride, junto al ahora presidente de Audasa, Andrés Muntaner

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La Comisión Galega da Competencia (CGC) arremete contra las compensaciones que se ha embolsado la concesionaria de la AP-9 tras las obras de ampliación en el Puente de Rande y la circunvalación de Santiago de Compostela. A través de un informe de 51 páginas, el organismo desgrana los motivos por los cuales considera que las subidas de peajes son «excesivas» y por las que emplaza a la Unión Europea a pasar la lupa en busca de posibles ayudas de Estado.

El punto principal sobre el que pivota el documento es el, a juicio del CGC, elevado retorno que obtiene Audasa a cambio de sus obras en Rande y Santiago de Compostela. «La aplicación del 1% acumulativo anual del Real Decreto 1733/2011 implica un pago total adicional por parte de los usuarios (y un ingreso para la concesionaria), considerando el efecto del IPC, de 1.463,05 millones de euros para financiar unas obras que ascienden a 228,22 millones de euros«, revela el organismo.

Es por ello que desde el CGC se preguntan «si un operador en una economía de mercado en el año 2011 por un adelanto de inversión realizado por un tercero de 228,22 millones de euros estaría dispuesto a pagar 1.463,1 millones en 20 años«. Si la respuesta es afirmativa la medida es válida desde la perspectiva del control europeo sobre ayudas estatales. Si no lo es, estaríamos ante una ventaja que se podría cualificar de ayuda estatal«, alerta el Consello Galego da Competencia, que apunta que «la beneficiaria [Audasa, perteneciente al grupo Itínere] pertenece a una empresa europea que compite en diferentes mercados».

A vueltas con el retorno de las obras

Tal y como constata el CGC, el Real Decreto que marca el inicio de las obras en Rande y Santiago fijaba una tasa anual del 8% de rentabilidad en los flujos de caja para Audasa. Este porcentaje contrasta, según consta en el informe, con el tipo de referencia en el mercado hipotecario, que «estaba en el 3,696%» en créditos a más de 3 años para la adquisición de vivienda libre. También superaba al 6% al que ascendía la tasa de intereses de las obligaciones que Audasa emitió a diez años en 2011 por un importe de 66,1 millones de euros.

Las obras de Rande y en la circunvalación de Santiago llevaron aparejada una subida de peajes y de tráfico en la autopista que vertebra Galicia. Es por esto último que el CGC entiende que las tarifas por circular por la AP-9 se deberían haber movido en sentido contrario. «Esta reducción de la compensación a una empresa concesionaria de la explotación de una autopista como consecuencia del incremento inducido del tráfico derivado de una medida del Gobierno se tuvo en cuenta para la determinación de la compensación a la concesionaria por otros gobiernos, como el Gobierno de Polonia«, subraya el organismo en su informe.

Recorte de gastos gracias a las obras

Esta subida de peajes en contra del criterio del CGC vino acompañada, además, de un recorte en la estructura de gastos de la propia Audasa. En concreto, según apunta el informe la puesta en marcha de inversiones en tramos ya existes «supuso una reducción de los gastos de explotación de la empresa». «En el año 45 de vigencia de su concesión se encontró con dos tramos que la concesionaria tendría que mantener y que fueron mejorados, con la consecuente reducción de sus gastos de explotación».

A este factor se suman los elevados gastos de mantenimiento que el Consello Galego da Competencia detecta en los tramos que fueron objeto de ampliación. «Sorprende que una obra nueva de aproximadamente 14,4 kilómetros genere en los primeros tres años de puesta en servicio unos gastos de mantenimiento de 9,34 millones de euros, lo que supone un 4,1% de la inversión total», recoge el informe, que explica que estas cantidades computan a la hora de terminar la compensación en favor de Audasa.

«En la nueva autovía AG-46 el coste de mantenimiento es de 6.057,6 euros el kilómetro por dos años y en la ampliación de capacidad de la AP-9 durante los dos primeros años el gasto de mantenimiento por el que se compensó a Audasa fue de, aproximadamente, 423.263 euros el kilómetro por dos años, setenta veces más«, alerta.

Estimaciones de ingresos «optimistas»

Además, el Consello Galego da Competencia pone también la lupa sobre las propias previsiones de ingresos de Audasa. Según se desprende del informe, el organismo acusa a la concesionaria de la AP-9 de llevar a cabo estimaciones de forma «excesivamente optimista con ingresos elevados» y «sin admitir la posible aparición de crisis económicas».

Se trata, según los expertos, de una «simulación poco realista», que, además, abre la puerta a Audasa a que «en caso de crisis o, incluso, de un crecimiento de tráficos a un ritmo inferior al excesivamente optimista previsto en el plan económico financiero haría muy fácil la ruptura del equilibrio económico patrimonial y daría derecho a la concesionaria a demandar el reequilibrio, a pesar de ser una concesión rentable«.

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