La CNMV tantea si obliga a que OHL reconozca un activo inflado en 3.000 millones

Nuevo paso el que ha dado la consultora tecnológica mexicana Infraiber para intentar que se reconozca en España lo que ya se ha hecho en México, que las cuentas de la filial azteca de OHL están infladas por computar como garantizado un cobro de 3.000 millones de euros en las concesiones, sobre todo en el Circuito Exterior Mexiquense (Conmex).

La concesión que, por esa garantía, representa el 20% del activo total del grupo que preside Juan Miguel Villar-Mir y el 41% del ebitda.

Deloitte audita la reformulación en México, pero no en España

En la reformulación de OHL México, auditada por Galaz, Yamazaki y Ruiz Urquiza (miembro de Deloitte), se establece que, al cierre de 2015, el activo quedaría reducido en un 50%, el capital contable en más de un 60% y que los ingresos caerían cerca del 70%.

El nuevo órdago de la auditora en este asunto se ha sustanciado con la remisión de una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, por parte del despacho de abogados DGT Díez Gargari, que defiende los intereses de Infraiber.

El ICAC vuelve a toparse con Deloitte

La misiva, a la que ha tenido acceso Economía Digital, también ha sido enviada a Ángel Benito, director general de Mercados de la CNMV y a Ana María Martínez-Pina, presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

El organismo autónomo adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad que, entre otras funciones, tiene la potestad disciplinaria sobre los auditores. Como la ejercida en septiembre de 2014 al imponer a Deloitte una multa de 12 millones por no jugar un papel objetivo en la salida a bolsa de Bankia.

El polémico derecho incondicional de cobro

Ahora, también Deloitte, como auditora de OHL, tanto de la matriz como de la filial mexicana, se sitúa en este asunto como copartícipe de la supuesta irregularidad contable, al refrendar que OHL registre el Conmex como activo financiero, en base a un «derecho incondicional» de cobro frente al Estado de México.

La reacción de la CNMV, que recibió la carta el pasado miércoles, la lógica en estos casos, darle curso y abordar el tema con la máxima discreción, al tratarse de un asunto de supervisión. «Solo llegado el caso, se comunicaría a los mercados los efectos de la decisión tomada», apunta un portavoz del supervisor.

Impedir que persista el engaño a los inversores

La carta de 15 páginas, firmada por el letrado Paulo Díez, acaba solicitando a la CNMV que obligue a OHL a reformular sus cuentas –contabilizando la concesión como un activo intangible y no financiero–, para, de ese modo, «impedir» que la constructora siga «engañando» a los inversores, con ese «derecho incondicional de cobro» por más de 57.000 millones de pesos mexicanos (unos 3.000 millones de euros) sobre la principal concesión del grupo constructor.

También pide Infraiber que «se investiguen, sancionen y denuncien penalmente los actos de OHL y Deloitte que resulten contrarios a las leyes que regulan el mercado de valores en España».

Por último, un aspecto clave, según la auditora mexicana. Que la CNMV haga públicos tanto el título de concesión como las modificaciones introducidas sobre el Circuito Mexiquense «para que los inversores decidan si la opinión de los abogados de OHL vale más que dichos documentos».

La recuperación de la inversión, contraria al riesgo proyecto

Entre los argumentos esgrimidos por los abogados de Infraiber en la carta remitida a Elvira Rodríguez figura una explicación sobre el ‘riesgo proyecto’ de la concesión.

«Una garantía de recuperación de la inversión, como la que OHL pretende tener en el Circuito Exterior Mexiquense, es contraria a la naturaleza misma de la concesión, que requiere que el concesionario asuma un riesgo sustancial. Si no hay riesgo, no existe la concesión. Podrá existir un contrato de obra pública financiada o alguna otra cosa, pero no una concesión», se apunta en la misiva.

Letra pequeña del título de concesión

Por eso, en el propio título de la concesión –el que Infraiber pretende que la CNMV tenga en consideración– se habla de «capital riesgo» en relación con la rentabilidad. Si no existe ese capital, tampoco habrá rentabilidad. «Y si la recuperación del capital está garantizada, entonces no se trataría de capital riesgo», se destaca en la carta.

Infraiber también echa mano de las bases de licitación de la concesión, en las que se recogía que, con la misma, el Gobierno de México pretendía «financiar el proyecto por cobro directo del peaje, no incrementar el endeudamiento del Estado y no afectar recursos fiscales al proyecto».

En base a esto, entienden los abogados de la consultora azteca, que la existencia de una garantía del Gobierno de México sobre la inversión y el rendimiento resultaría contraria a ese triple objetivo.