La CNMV mantiene dudas sobre el cambio de control en Codere

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no acaba de tener claros todos los extremos del acuerdo alcanzado a finales de septiembre entre la multinacional española de juego privada Codere y sus acreedores, por el que el grupo presidido por José Antonio Martínez Sampedro, a cambio de evitar la quiebra, quedará bajo control de los bonistas en un plazo máximo que vence el 23 de agosto de 2015.

Por ello, el regulador ha pedido explicaciones adicionales a las ya ofrecidas en el marco de ese convenio de lock-up para reestructurar el capital y la deuda de Codere, con el objetivo de aclarar algunos factores que causan dudas sobre la continuidad de actividad del grupo.

92 millones en caja

Al respecto, la multinacional, asegura que, hasta noviembre, contaba con un importe en caja de 92 millones de euros. Dato que, junto al presupuesto aprobado para 2015, garantiza, según la empresa, la viabilidad del grupo durante la vigencia del lock-up.

Además, en el escrito remitido a la CNMV por parte de Ángel Corzo, director general Económico-Financiero de Codere, se apunta que «no hay ningún acontecimiento que suponga un riesgo para la ejecución del acuerdo en las condiciones y fechas establecidas». Es decir, como muy tarde el próximo 23 de agosto.

México

En esa aclaración de dudas sobre los negocios de Codere, la CNMV se muestra especialmente interesada en conocer algunos asuntos relativos a la actividad en México. Sobre la misma, la multinacional aprecia una notable mejora en los últimos meses de 2014, motivada por mayores ingresos y una reducción de costes sustancial con esa disminución de la plantilla en 1.228 empleados entre enero y septiembre.

En la primera mitad del pasado ejercicio, la reducción de ingresos vino motivada por las modificaciones reglamentarias introducidas por el Gobierno mexicano en relación a identificación de jugadores y al reporte de premios a las autoridades fiscales. También incidió negativamente la incertidumbre generada por la nueva regulación del juego que ralentizó el plan de Codere de abrir nuevas salas.

Marcha atrás en Icela

A pesar de la aparente mejora del mercado mexicano, Codere reconoce que no hizo efectiva la opción de compra del 15,2% que vencía el pasado 30 de junio sobre las acciones de Icela, propiedad de la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), de la que Codere ostenta el 35,8%. A efectos contables, al cierre del primer semestre de 2014, la baja de esta opción registró un gasto financiero de 5,3 millones de euros.

Icela integra la operación y desarrollo del Complejo Las Américas de la Ciudad de México, que incluye la única pista profesional de carreras de caballos autorizada por el Gobierno mexicano para operar en la Ciudad de México, así como la operación de salas para la captación de apuesta deportiva remota.

Nueva sociedad y pacto judicial

En el marco del acuerdo alcanzado con los bonistas, Codere aprobó el pasado 18 de diciembre el proyecto de constitución de una nueva sociedad anónima, íntegramente participada por Codere, mediante transmisión de la totalidad del patrimonio de esta última conforme a la ley modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

Y antes, en octubre, ponía fin a un procedimiento judicial que mantenía en la Corte di Conti italiana contra Codere Network, aceptando pagar 34,5 millones de euros. Fondos obtenidos al incrementar el crédito senior firmado en octubre de 2007.

Líneas básicas del cambio de dueño

El acuerdo alcanzado por la familia Martínez Sampedro pasa por la aceptación de una quita de unos 400 millones por parte de los acreedores (un 35% sobre el total) y canjear casi 670 millones de deuda por el 98% del capital de Codere. El 2% restante es el que mantendrían los Martínez Sampedro.

A partir de ahí, los bonistas inyectarán 450 millones de euros mediante dos emisiones de deuda, y obligarían a los actuales accionistas de control a comprar un 20% de Codere a un precio de mercado por determinar. El último paso sería excluir a la compañía de bolsa mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para los inversores minoritarios que todavía mantuvieran las acciones.