La CIG pide un plan de choque ante los riesgos laborales en Mercadona
El sindicato denuncia que "hay un claro incremento de la carga de traballo y una disminución de las horas contratadas" en el personal
La CIG arremete contra los “riesgos muy altos e intolerables” arrojados en los tests psicosociales realizados en los establecimientos de Mercadona en la provincia de A Coruña. En ellos se determinaba que 8 de los 23 centros de la cadena en la provincia registraban situaciones de sobreesfuerzo físico por el incremento de la carga de trabajo y la falta de refuerzo de los cuadros de personal.
Es por ello que el sindicato arremete contra “el enorme incremento del traballo registrado desde el inicio de la emergencia sanitaria” en un “tiempo que se redujo el número de horas contratadas”. Desde la CIG ponen el ejemplo de una tienda en la que aumentó la facturación un 21% en lo que va de año (con respecto al mismo periodo del año anterior) mientras que las horas diarias de trabajo pasaban de 203 a 197 durante la primera quincena de julio de 2019 y 2020”,
Más trabajo sin nuevas contrataciones
«Hay un claro incremento de la carga de traballo y una disminución de las horas contratadas. Esto provoca que Mercadona someta al cuadro de personal a niveles de riesgo muy elevados en la carga de trabajo, que son realmente alarmantes y que se están dando en la mayor parte de las 23 tiendas de la provincia, con muy pocas excepciones», subrayan desde la CIG. Fuentes sindicales denuncian que “pese a que la empresa tiene los resultados desde hace meses, hasta el momento no se tomaron medidas ni se hicieron nuevas contrataciones, salvo en centros puntuales en los que ya existía algún tipo de conflicto previo”, algo que, a su juicio, “supone un incumplimiento del protocolo covid de Mercadona, que recoge la necesidad de reforzar los cuadros de personal”.
Además, desde la CIG arremeten contra la política de ascensos de la cadena presidida por Juan Roig. Según aseguran, esta “premia con ascensos a aquellos mandos directivos que llevan a cabo prácticas antisindicales, que recurren a las presiones y a las amenazas al personal, que vulneran derechos fundamentales o a aquellas personas que estaban a cargo de las tiendas que peores resultados tuvieron en la evaluación de riesgos”.
