La auditora de Fernández Currás refugió a exdirectivos de las cajas

Antes del desembarco de la ex secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, en Ernst & Young (EY) –pendiente de hacerse efectivo–, la consultora ya había pescado algún pez gordo en Galicia. A finales de 2013, con la fusión de las antiguas cajas gallegas ya materializada, la empresa fijó sus ojos en José Venegas, uno de los pesos pesados de Caixa Galicia, para liderar su crecimiento en la comunidad.

Al contrario que Fernandez Currás, Venegas, que durante años ejerció como director general adjunto en diversas áreas de la caja de ahorros y, tras convertirse en Novagalicia Banco, en el ámbito de los medios de pago y bancaseguros, contaba entonces con una amplia experiencia en el mundo de la auditoría y la consultoría, puesto que había formado parte durante 20 años del equipo de Arthur Andersen.

Con las cajas a vueltas

Pero la presencia de Venegas no es el único vínculo de la consultora con el sistema financiero gallego y, más concretamente, con sus cajas de ahorro. Abanca mantuvo un 10% de la Autovía do Barbanza como herencia de las cajas hasta que, en octubre de 2015, se lo vendió a Sacyr. Da la casualidad que Ernst & Young es quien audita las cuentas de esta concesión de la Xunta, con la que recientemente ha renovado su compromiso.

Además, ya en el final de la etapa de Marta Fernández Currás como conselleira de Facenda, en el año 2011, el Banco de España encargó a EY, Rothschild y Société Générale determinar el peso que tendría Novacaixagalicia –la entidad resultante de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova–, en el entonces recién creado NCG Banco, germen de la actual Abanca.

En los últimos días, la oposición ha critcado con dureza el salto de la ex conselleira y secretaria de Estado a la empresa pública. Entre estas críticas, la del portavoz parlamentario de En Marea, Luis Villares, quien lamentaba que Fernández Currás «no supiese de auditorías cuando fue la fusión de las cajas gallegas, porque tal vez nos podría haber hecho un informe mucho más detallado y habríamos tenido información sobre cuál era la realidad de las entidades en el momento en el que el Gobierno gallego tomó la decisión».