El «caso Alfageme» no solo golpea a la antigua cúpula de Caixanova, los Fernández Gayoso, Pego y Gorriarán de turno, abonados a los banquillos de la Audiencia Nacional. En el reciente auto de procesamiento dictado por el juez José de la Mata contra la antigua cúpula de la caja del sur por los créditos concedidos en su día al comprador de la conservera Alfageme también hay lugar para la vecina del norte, Caixa Galicia.
De la Mata propone juzgar, en calidad de imputados, a un total de diez ejecutivos y empresarios. A Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego y Gregorio Gorriarán, que integraban la cúpula de Caixanova, se suman dos responsables de Tasagalicia, la tasadora de Caixa Galicia. Se trata de Manuel Ansede Sánchez, que fue su director general hasta su cese en 2012 y ahora forma parte del nuevo consejo del Rácing de Ferrol de Ignacio Rivera, y Manuel Ardid Posada, responsable técnico de arquitectura de la filial de Caixa Galicia. Así consta en el auto de procedimiento abreviado dictado por el juez.
Una filial de Caixa Galicia
Cuando se procedió a su liquidación, en 2015, Tasagalicia estaba participada en un 100% por Abanca, la compradora de la resultante de la fusión de las cajas del sur. Escotet no creía en esa filial. Con anterioridad, antes de la fusión, Caixa Galicia controlaba un 85% del capital de Tasagalicia, domiciliada en A Coruña, en el que también estaba, de manera minoritaria, Tasamadrid, la polémica tasadora de la extinta Caja de Madrid, hoy Bankia.
Básicamente, Tasagalicia era el arma de José Luis Méndez, el director general de la extinta caja del norte, para inflar la burbuja de Caixa Galicia. Era la sociedad de tasación que utilizó la caja para establecer sobrevaloraciones de activos, y fue sancionada por el Banco de España. Y precisamente son las sobrevaloraciones de los terrenos de la «operación Alfageme» lo que lleva ahora al juez De la Mata a sentar en el banquillo a los dos responsables de Tasagalicia.
Tasaciones sobrevaloradas
Los exdirectivos de Tasagalicia son investigados por los préstamos concedidos a la empresa Promalar para la compra y reflotamiento de la conservera Bernardo Alfageme y que causó un agujero a Caixanova de más de 80 millones de euros.
Como muestra, un botón. El juez razona que, como garantía de los préstamos hipotecarios concedidos, se entregaron fincas en distintas zonas de Galicia. Como evidencia de las irregularidades producidas en las distintas operaciones de financiación, el juez hace constar que en la primera operación, para cubrir el riesgo de 60 millones concedido por préstamo hipotecario, «se entregaron en garantía fincas valoradas en 2005 por Tasagalicia en 133 millones. Su valor real en 2010 era de 2,5 millones de euros, es decir, se tasaron en 190 veces su valor real».
Los chicos de Méndez
En otras operaciones, la valoración excesiva de las garantías se condicionaba a la aprobación de planes urbanísticos de recalificación de terrenos, «empleando métodos de valoración incorrectos, y sin aplicar ninguna cautela o control de las valoraciones».
El resultado final fue que «el valor de tasación de las fincas otorgadas como garantía se depreció posteriormente prácticamente en su totalidad”. En la mayoría de los caos, Caixanova se basó para aprobar la operación en una única garantía: la tasación pericial elaborada por Tasagalicia y firmada por Ardid Posada y Ansede Sánchez. Los chicos de José Luis Méndez.
